Víctor Soriano, abogado y asesor del PP en el Senado, dirige la acusación popular contra el fiscal general del Estado

Soriano. EPDA

El abogado Víctor Soriano, que dirige el despacho «Soriano i Piqueras», fundado a finales de 2023, y que compatibiliza el ejercicio privado de su profesión con un puesto de asesor en el Senado, bajo el paraguas del Partido Popular, ha sido contratado por el Sindicato Manos Limpias para encargarse de su defensa letrada en el caso de las filtraciones de correos electrónicos que afectan a la pareja sentimental de la presidenta madrileña Isabel Díaz-Ayuso, en el que está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Soriano fue durante los últimos años abogado del PP valenciano y responsable de la defensa del caso que afecta a los hermanos del expresidente valenciano Ximo Puig, tanto bajo el liderazgo de Isabel Bonig como también de Carlos Mazón en el PP valenciano, dejó su puesto en el año 2022 para reincorporase al bufete Gómez-Acebo & Pombo, cuarta firma de abogados española, pero solo un año más tarde lo abandonó para fundar su propia firma legal y, después, incorporarse también al Senado.

Gracias a la normativa que el Estatuto del Personal de las Cortes Generales ofrece a los empleados de las cámaras, tanto Soriano como otros muchos funcionarios y asesores, entre ellos varios de los letrados del Congreso y Senado pueden compatibilizar su función en el parlamento con la actividad privada.

«En mi despacho defendemos a particulares y empresas, también a entidades de todo tipo como ayuntamientos, incluso gobernados por el Partido Socialista o, en este caso, a un sindicato. No nos fijamos en las cuestiones ideológicas a la hora de aceptar o no un cliente, sino en que nuestra especialización nos permita asumir el asunto y en los visos de que prospere», ha declarado Víctor Soriano.

En los últimos años, Soriano ha destacado por la defensa de la acusación popular en múltiples casos de corrupción, así como también por los numerosos litigios que han servido para que el Tribunal Supremo sentara doctrina sobre el derecho de los diputados a acceder a la documentación del gobierno que ha dado lugar a descubrir tramas corruptas.