Un tribunal declara improcedente el despido de una trabajadora por objetivos inalcanzables: "La presión era insostenible"

La Ciudad de la Justicia de Valencia. EPDA

Un juzgado de lo Social de Valencia ha declarado improcedente el despido de una trabajadora del sector tecnológico tras considerar que los objetivos comerciales que la empresa le imponía eran “desproporcionados y carentes de base objetiva”. 

La resolución no solo da la razón a la empleada, sino que sienta un precedente relevante en un contexto en el que cada vez más empresas utilizan criterios de productividad excesivos para justificar ceses sin causa real.

La trabajadora llevaba más de seis años en la plantilla y había demostrado una trayectoria profesional sólida, cumpliendo metas de forma constante y recibiendo evaluaciones positivas. Sin embargo, a raíz de un cambio en la dirección del departamento comercial a finales de 2022, la política de objetivos fue modificada radicalmente: se duplicaron las cifras mínimas de captación sin aumentar recursos, sin modificar zonas geográficas ni dotar de herramientas adicionales. En apenas seis meses, su rendimiento fue calificado como “deficiente” y en octubre de 2023 fue despedida por bajo rendimiento.

Proceso judicial

Durante el proceso judicial, ha quedado acreditado que los nuevos objetivos eran materialmente inalcanzables con los medios disponibles, y que se aplicaban de manera desigual entre distintos miembros del equipo. Según la sentencia, “no puede considerarse incumplimiento voluntario ni negligente el hecho de no alcanzar cifras que exceden con mucho la capacidad operativa del puesto”.

El juzgado concluye que se ha producido un abuso de poder por parte de la empresa, ya que no hubo un proceso de evaluación objetivo ni medidas progresivas de mejora del rendimiento. En palabras del fallo: “la falta de resultados no puede erigirse por sí sola en causa suficiente para justificar el despido cuando se ha producido un cambio radical en los parámetros de medición, sin negociación ni adaptación previa”.

El fallo obliga a la empresa a readmitir a la trabajadora en su puesto o, en su defecto, a abonarle una indemnización de 33 días por año trabajado, junto con los salarios de tramitación desde la fecha del despido.

Defensa

La defensa de la empleada ha sido asumida por el despacho Toro Abogados, concretamente por el letrado Graciano Tamame, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, con amplia experiencia en litigios relacionados con despidos, sanciones y condiciones laborales abusivas. Tamame ha señalado que “la presión empresarial no puede justificar la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, especialmente cuando se manipulan los estándares de rendimiento para generar artificialmente incumplimientos que no existían”.

Desde Toro Abogados, equipo de abogados laboralistas, destacan que este tipo de casos están en aumento, especialmente en sectores sometidos a dinámicas comerciales muy agresivas, como el tecnológico, el financiero o el de ventas a distancia. “Nos encontramos cada vez más con despidos encubiertos bajo excusas de bajo rendimiento que no se sostienen ni en datos objetivos ni en un seguimiento técnico serio. La justicia está empezando a dar respuestas claras a este fenómeno”, explica el abogado.

Este caso ha despertado el interés de organizaciones sindicales y asociaciones profesionales que denuncian la creciente precarización en entornos donde, bajo la apariencia de modernidad y flexibilidad, se esconde una presión constante e insana por resultados. 

La trabajadora, que ha preferido mantener el anonimato, afirma sentirse aliviada por la sentencia: “Me hicieron sentir culpable por no alcanzar lo que era directamente imposible. Fue una etapa muy dura, emocional y profesionalmente. Hoy, al menos, sé que no estaba equivocada y que mis derechos han sido reconocidos”.

Desde el despacho insisten en que el acompañamiento legal es fundamental para afrontar este tipo de situaciones: “Muchos trabajadores aceptan un despido sin reclamar, por miedo o por desconocimiento. Pero cuando hay una estrategia legal bien fundamentada, los tribunales pueden revertir estos abusos y restituir la justicia”.

La sentencia, que todavía no es firme, puede ser recurrida por la empresa ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, según fuentes cercanas al procedimiento, la empresa estaría valorando abonar la indemnización para evitar un nuevo juicio que podría dar aún más visibilidad al caso.

Esta resolución supone un nuevo respaldo judicial frente a políticas empresariales abusivas, y recuerda que el rendimiento exigible debe ser razonable, objetivable y alcanzable, sin que su incumplimiento se convierta en un subterfugio para prescindir de trabajadores de forma arbitraria.