Tras la DANA: recuperación en V

Salvador Puigdengolas. /EPDA

Muchos son los datos que indican una economía con indicadores positivos no sólo en el 2024 sino en su proyección para este 2025: Tasa de crecimiento interanual, incremento afiliados a la seguridad social, crecimiento renta disponible bruta de hogares, tasa de ahorro en máximos históricos, descenso euríbor a 12 meses, avance PIB, crecimiento demanda nacional frente a la del sector exterior (con crecimiento de importaciones frente a exportaciones, así como ligera ralentización crecimiento de servicios turísticos). Datos que vienen a tener simetría en el crecimiento del empleo en sector servicios, en contra de otros sectores en los que aún se mantiene por debajo de tasas previas a la pandemia como son: el primario, la industria energética, la construcción y el relativo a información y comunicaciones.

Y es que, si bien la tasa de inflación general se moderó, hay que tener en cuenta que las Administraciones Públicas – AAPP- registraron un déficit ligeramente inferior al del año anterior debido, casi exclusivamente, al intenso incremento de recaudación y de las cotizaciones sociales. Afán recaudatorio de las AAPP que, en el corto plazo, merma márgenes de empresas y renta disponible de familias, desincentivan inversión privada y que, junto al estancamiento de las exportaciones de bienes, al contexto de prórroga presupuestaria y a la reticencia de los mercados a financiar la acumulación de deuda a nivel global, se muestran como debilidad de la economía.

Debilidad azotada, en nuestra región, por el impacto de la DANA, donde las zonas afectadas representan en torno al 1,7% del PIB nacional con afectación por daños personales y materiales: 306.000 personas, 13.800 millones de activos empresariales, 275.000 trabajadores (64.104 empresas y 33.000 trabajadores en ERTE), 11.242 viviendas, 141.000 vehículos, kilómetros de carreteras y vías ferroviarias, presas, infraestructuras tratamiento de agua potable y depuración aguas residuales, infraestructuras energéticas, sin olvidar los daños a las zonas medioambientales.

Expectativas políticas de recuperación casi exclusivamente centradas en necesidades de inversión directa con una estimación de; en torno, 18.000 millones de euros, que se quedará corta…

Sin embargo, en ese análisis no se ha oído hablar de costes que no sólo estén asentados sobre políticas de apoyo monetario, sino también de política fiscal que palíen insolvencias y cierres, con incentivos y desgravaciones a empresas y autónomos, en particular los afectados, a fin de que recuperen parte de su capacidad económica y la necesidad de contratación de personas trabajadoras bonificándose, esta, desde un aspecto fiscal en base a estímulos en materia laboral, que bonifique la contratación de personal, con el fin de que nadie quede atrás.

En conclusión, hablemos de recuperación en V en base a modelos no sólo centrados en ayuda económica sino también en incentivos fiscales directos a empresas y trabajadores autónomos, condicionadas al mantenimiento o incremento del empleo, que generen certidumbres en todos y repercutan, positivamente, en los márgenes de empresas y renta disponible de personas trabajadoras. Hoy se necesita más que nunca.