Ayuntamiento de Riba-roja. / EPDAEl Ayuntamiento de Riba-roja de Túria consiguió un ahorro
de 1’3 millones de euros correspondientes a los procesos de licitación pública
de obras, servicios y suministros municipales en contratos privados y
administrativos. Los contratos salieron a licitación pública por un valor de 5
millones de euros, pero, finalmente, se adjudicaron por un montante de 3’6
millones, de forma que el ahorro alcanzó los 1’3 millones de euros.
Este
ahorro cumple, escrupulosamente, el artículo 1 de la ley de contratos del
sector público por su “principio de integridad” sobre una “eficiente
utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición
de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición
previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia
y la selección de la oferta económica más ventajosa”.
Los
servicios técnicos municipales han elaborado una memoria sobre la contratación
pública en la que, además, destacan una comparativa de las enajenaciones
efectuadas en el mismo periodo, anualidad de 2019, en la que se consiguieron
unos ingresos superiores a los previstos de 17.416 euros, ya que el precio base
de licitación estaba fijado en 640.831 euros y, finalmente, se vendieron por
658.248 euros en total.
Las
ofertas de licitación se tramitado a cabo través de procedimientos abiertos con
un total del 80% sobre el valor económico total en la que cualquier empresa con
capacidad y habilitación puede presentarse mediante pública concurrencia, mientras
que los procesos menores han quedado reducidos al 6%. En los casos de contratos
menores, se invita a tres empresas o incluso se publica para que cualquier
empresa pueda presentarse e incluso se retransmite por medios en streaming la apertura de las ofertas.
Estas fórmulas buscan “una pluralidad de criterios de adjudicación basados en
el principio de mejor relación calidad-precio y una utilización del
procedimiento abierto o restringido”.
El análisis
municipal detalla, además, los tipos de contratos que se han efectuado a lo
largo del año 2019, en el que predominan los de obra (47’09%), los de
suministro (21’11%), los de servicios (19’96%) y, en último lugar, los
correspondientes a los contratos privados (11’83%). Los contratos de servicio
se han reducido porque en el año 2018 se licitaron más servicios con una duración
superior a un año. Además, en 2019 también han aumentado los de suministro para
evitar contratos menores de comprar corrientes.
El Ayuntamiento
de Riba-roja de Túria también ha fomentado una mayor participación de la
pequeña y media empresa, de acuerdo a la ley de contratos públicos, con la división
en lotes excepto en aquellos casos o circunstancias que lo impida la ley. De
esta forma, se han realizado 9 contratos por lotes en suministros frente a los
4 que no llevaban, otros 22 con lotes en servicios frente a 5 que carecían de
ellos y, por último, 32 contratos de obras por lotes y 9 sin lotes.
La
difusión de los procesos de licitación es una de las premisas que más se han
tenido en cuenta y, por ello, los anuncios han llegado, directamente, a más de
3.000 empresas nacionales a través de la plataforma de licitación electrónica
del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. En el año 2019, y respecto de la
anualidad de 2018, se ha producido un incremento de los contratos de obras y
suministros y la eliminación de los contratos de colaboración público-privada
por la nueva ley de contratos públicos.
El
alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha manifestado “el compromiso firme
y decidido de este gobierno por implantar políticas de transparencia y pluralidad
en la gestión de los recursos públicos y una apuesta por fomentar la
participación del tejido empresarial de nuestra localidad de forma que todos
tengan las mimas oportunidades, sin olvidar la aplicación de criterios de
sostenibilidad, sociales o conciliación”.
Entre
los retos que se marcan en la memoria municipal –publicada en la página web
municipal para su consulta- destacan una dotación presupuestaria para la
aplicación de los planes de contratación y su análisis posterior, un incremento
de la eficacia del protocolo de contratación, una reserva a un centro especial
de empleo de iniciativa social, una auditoría sobre la aplicación del código
ético, una cuantificación de la participación de las pymes en las licitaciones
municipales, un fomento de la concurrencia o la consolidación de la comisión de
seguimiento compuesta por todos los grupos políticos.
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