Pura Peris: "Las ayudas para la compra de viviendas aportan hasta 10.800 euros a jóvenes de hasta 35 años"

Son ayudas a la compra de viviendas en municipios pequeños para personas de hasta 35 años en el momento de adquirirla. En 2023 sacamos esta tercera convocatoria con la idea de facilitar estos procesos con un presupuesto de 1,6 millones de euros; dotación que ha ido aumentando el presupuesto. La cuantía máxima de la ayuda son 10.800 euros o el 20% de la adquisición de la vivienda situada en localidades pequeñas, pues también buscamos combatir el reto demográfico y facilitar que las personas puedan formar su estilo de vida donde han crecido, si así lo desea. 

Hemos entregado hasta 236 ayudas. En 2021 solo fueron 35 las personas beneficiarias, pero en 2022 hubo 201. Esperamos que en esta convocatoria se beneficien más personas, al menos 15 o 20 personas más, debido al aumento de presupuesto de 100.000 euros con respecto al año 2022. 

El nuevo Plan Estatal de Vivienda abarca los municipios de más de 10.000 habitantes, ampliándolo desde los 5.000 anteriores. Asimismo, nosotros baremamos por encima a los municipios catalogados como en riesgo de población, favoreciendo que se beneficie primeramente a estas localidades. 

Cerca del 86% de los jóvenes no puede acceder a una vivienda en condiciones, adquirida o en alquiler. Es una tasa elevadísima. Se trata de una cifra de emancipación por debajo de la media nacional, porque tenemos mucha población, lo que provoca problemas para acceder al parque público. En esto la situación de infrafinanciación también nos perjudica. 

Tenemos diferentes líneas programáticas. Por un lado ayudamos en las grandes áreas con las ayudas al alquiler del plan estatal y el bono joven. Además estamos ampliando el parque público y promoviendo las viviendas que teníamos paradas, como la actuación que hemos hecho en la Torre que dotará a Valencia de 189 viviendas, con una reserva del 40% en alquiler para jóvenes, una línea que vamos a aplicar a las viviendas de protección pública en cuanto aprobemos el decreto que regula la vivienda protegida. Sabemos que son parches, porque lo que interesa es que la gente joven tenga un trabajo estable para acceder a una vivienda, pero vamos ayudando con estas líneas de actuación. 

Las empresas quieren adquirir la máxima rentabilidad, y desde la conselleria no entendemos la vivienda como un negocio. Cualquier persona que resida en la Comunitat tiene derecho a una vivienda digna. No pretendemos que los promotores dejen de tener su beneficio, pero cuando sacamos proyectos de promociones asequibles tienen su estudio de viabilidad, otra cosa es que los promotores vean la viabilidad económica muy ajustada para los parámetros de beneficio que están buscando. En este sentido, tratamos de conectar estas ideas y estamos trabajando las posibilidades de trabajar con cooperativas de viviendas, lograr derechos de superficie a largo tiempo o impulsar viviendas colaborativas… Evidentemente habrá promociones privadas con precios, a mi modo de ver desorbitados, para gente sin problemas económicos; pero deben poder coexistir con promotores sociales que promuevan viviendas a precios limitados y tasados para que todo el mundo pueda acceder a la vivienda. 

Para empezar, tenemos muchos esqueletos inmobiliarios por la crisis del ladrillo, en todos los municipios. Si estos pisos estuviesen terminados podríamos ampliar nuestro parque público. También tenemos, como dices, muchas viviendas vacías, por ello hicimos el decreto que regula la situación de las viviendas deshabitadas. Hay declaradas 386, pero hay muchas más en fondos de inversión. Y existen muchos pisos turísticos, y ahí la posibilidad de que las comunidades de propietarios puedan prohibir estos abusos inmobiliarios, como los contratos de 6 meses en zonas turísticas. Es necesaria una Ley de Vivienda Estatal que ponga orden en este asunto, porque las Comunidades Autónomas tenemos los poderes limitados.

Lo primero que debemos preguntarnos es si es necesario y sostenible que todos tengamos una vivienda en propiedad. En España tenemos la idea de que es necesario ya que no hay una cultura del alquiler. Por eso, tenemos claro que la vivienda de protección que salga del dinero público no puede ser para que salga en propiedad, que es la línea que siempre ha habido en España desde los años 60. Se ha hecho un gran esfuerzo para promover vivienda que acabe en manos de propietarios, lo que lleva a que desaparezcan del parque público, lo que obliga a volver a construir. Estamos promoviendo el alquiler para que la vivienda protegida no pierda su naturaleza pública. No es incompatible con la propiedad privada, pero primero debe garantizarse vivienda suficiente en alquiler. 

El derecho de tanteo y retracto ha permitido recuperar cerca de 1.000 viviendas con carácter permanente, incorporándolas al parque público y favoreciendo así a las personas más vulnerables. Ahora los municipios están empezando a darse cuenta de que la medida es buena también para ellos. El derecho de tanteo nos permite que cualquier vivienda de propiedad privada, con una serie de características, pueda ser adquirida por la administración pública con preferencia a cualquier otro comprador, siempre que el vendedor no sea un propietario particular, sino entidades que quieran mantener la rueda de no darles un uso de vivienda final a estos inmuebles. Asimismo, el retracto nos posibilita retrotraer una venta que ya se haya hecho y que no se haya notificado a la administración pública, pese a cumplir con los parámetros establecidos. 

El hecho de que cambie el gobierno, por sí mismo, no varía los procedimientos judiciales. No podemos decir que se hayan reducido los desahucios porque no ha pasado así. Siguen aumentado los lanzamientos por impago de alquiler y en precario, están a la orden del día. Aunque tenemos el escudo social, desgraciadamente lo que estamos recogiendo ahora en gran parte, son recuperaciones de dominio de fondos de inversión, lo que está produciendo que mucha gente en situación de alquiler pierda sus viviendas en este y se produzcan lanzamientos.  Son consecuencias de las daciones en pago, que fueron pan para hoy y hambre para mañana.  Nosotros firmamos en 2016 un convenio para prevenir los desahucios con diferentes entidades, tendremos que renovarlo en noviembre de 2023, pero para ello necesitamos la nueva Ley de Vivienda. También tenemos la Unidad de Ayuda ante el Desahucio, con carta de naturaleza, que establece un protocolo de actuación para evitar todas estas situaciones. 

Se requiere una mayor coordinación entre administraciones públicas con responsabilidad en la materia de vivienda. Las grandes ciudades tienen competencia en materia de vivienda, por lo que el problema que sufren estos municipios, es en primer lugar por la propia planificación urbanística de estos Ayuntamientos. Debe hacerse una mayor coordinación entre administraciones, para la compra, alquiler o para evitar desahucios.  Los grandes precios, la gentrificación, los apartamentos turísticos… evidencian que se sigue teniendo en cuenta la vivienda como un negocio, y no tenemos un marco legal suficiente para establecer regulaciones de precios. La situación es complicada, pero de cara a la próxima legislatura queremos ampliar el parque público y para ello necesitamos mayor financiación. Estamos promoviendo todos los suelos públicos que tiene la Generalitat para promover y construir vivienda en alquiler asequible a 50 o 70 años, para conseguir vivienda de alquiler, y buscamos ampliarlo también a los suelos municipales.