Luz verde al decreto ley de viviendas turísticas en la Comunitat

Les Corts Valencianes han convalidado este jueves, con el apoyo del PP y Vox y el voto en contra del PSPV y Compromís, el decreto ley que regula las viviendas de uso turístico, que entre otras cuestiones contempla sanciones de hasta 600.000 euros para las faltas muy graves.

La consellera de Turismo, Nuria Montes, ha afirmado en la presentación del decreto ante la diputación permanente de Les Corts que "se trata de una norma proporcionada y que tiene el apoyo de los sectores afectados, y ha reivindicado que el turismo ha sido la gran conquista de la clase trabajadora y mejora la vida de todos los ciudadanos".

El decreto ley modifica la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico de 2018 y 2021 para incrementar las sanciones, de hasta 600.000 euros, para posibilitar que los municipios puedan limitar estos pisos y para fijar la obligación de renovar las licencias cada cinco años.

Entre las novedades que recoge, está la posibilidad de que la Generalitat ceda a los ayuntamientos que lo soliciten la competencia de inspección, sanción y recaudación, y de establecer reglamentos sobre normas de comportamiento cuyo incumplimiento puede comportar la rescisión del contrato de alojamiento sin derecho a indemnización ni devolución.

Asimismo, se prohíbe comercializar para uso turístico habitaciones en viviendas, una oferta ilegal que se considera falta muy grave y que puede ser sancionada con entre 100.000 y 600.000 euros.

Se incorporan dos nuevas infracciones: una grave (negativa de los propietarios a facilitar identidad de titulares o documentación) y otra muy grave (alquiler por habitaciones), así como la elevación del grado de dos infracciones ya que una leve pasa a ser grave (falta de comunicación de forma reglamentaria del cambio de titular), y una grave pasa a constituir una infracción muy grave (sobreventa de plazas e incumplimiento del régimen de reservas o cancelación).

Quedan prohibidos los cajetines para entrega de llaves en vías públicas o zonas comunes, con la obligación de disponer de un servicio de recepción, y se delimita el tiempo de comercialización de vivienda turística.

El síndic adjunto del PP Salvador Aguilella ha destacado que la nueva norma proporcionará "una mayor seguridad" a los propietarios y usuarios de estas viviendas, pues no busca eliminar este tipo de viviendas ni limitar la libertad de los propietarios, al tiempo que permitirá un turismo "sostenible y equilibrado".

La diputada socialista Maite García ha alertado de que la Abogacía y Economía han puesto reparos técnicos a un decreto ley que "llega tarde", que no soluciona el problema de base, echa balones fuera, pasa la pelota a los ayuntamientos y en el que si se hubiera optado por la vía ordinaria de debate habría mayor transparencia.

Desde Compromís, la diputada Isaura Navarro ha afirmado que este decreto "es un drama" y lo mejor que pueden hacer es retirarlo o tramitarlo como proyecto de ley para mejorarlo, y ha preguntado si para el Consell la urgencia es proteger a los apartamentos turísticos o el derecho a vivir en los barrios con cohesión social.

Para el diputado de Vox David Muñoz, es necesaria la regulación ordenada de las viviendas turísticas para evitar "su proliferación descontrolada"; ha afirmado que en ningún caso se deben prohibir los pisos turísticos, y ha opinado que esta norma mejorará la situación y facilitará la convivencia entre la propiedad privada y la función social de la vivienda.