Luz verde a las leyes sobre la elección de lengua en la enseñanza, la radiotelevisión pública valenciana y la Agencia Antifraude de PP y Vox

El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PP y Vox y con el rechazo de la oposición, las leyes sobre la elección de lengua en la enseñanza, sobre la radiotelevisión pública valenciana, y sobre la Agencia Antifraude.

Tres meses después de que los socios de gobierno presentaran un paquete de cinco proposiciones de ley, y tras una tramitación urgente, se han aprobado las tres primeras, que entrarán en vigor una vez se publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, mientras que las otras dos se aprobarán en el próximo pleno.

La aprobación de estas leyes ha sido recibida con los aplausos de los diputados del PP y Vox, incluidos los integrantes del Consell, entre ellos el president de la Generalitat, Carlos Mazón. En el caso de las dos primeras los diputados de estos grupos se han puesto además en pie.

La ley "por la que se regula la libertad educativa" ha sido la primera en aprobarse. Deroga la ley de Plurilingüismo de 2018, que estableció un mínimo del 25 % de enseñanza en cada una de las dos lenguas cooficiales a todo el alumnado, para volver al modelo de las dos líneas (en castellano y en valenciano).

Establece el derecho de las familias a elegir la lengua en enseñanza de sus hijos (hasta ahora hacían los consejos escolares); permitirá al alumnado elegir en cuál de las dos lenguas cooficiales hacer los exámenes; y otorgará certificaciones automáticas de valenciano en función del nivel educativo cursado.

El PP y Vox consideran que con esta norma "se recupera la libertad frente a la imposición" del Consell del Botànic, pues serán los padres "y no el político de turno" quienes elijan  la lengua en la que educar a sus hijos. Para el PSPV y Compromís, supone un ataque directo al valenciano y a la educación pública.

A continuación se ha aprobado la ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que es la denominación del nuevo ente que se creará para sustituir a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC).

Esta ley, que deroga la de 2016 que permitió la puesta en marcha de À Punt tras el cierre de Canal 9, contempla la creación de un consejo de administración, con casi todos sus miembros elegidos por Les Corts, en sustitución del actual consejo rector, que en seis meses debe aprobar la nueva relación de puestos de trabajo de la cadena, donde se han suspendido las oposiciones hasta entonces.

Los socios de gobierno han defendido que era necesario extinguir un modelo de radiotelevisión valenciana que no ha funcionado, y Vox ha afirmado que desde ahora la cadena "se va a expresar en las dos lenguas". Para la oposición, el objetivo de estos cambios es el control político de la radiotelevisión pública.

La tercera iniciativa convertida en ley es la que modifica la ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana de 2016 para cambiar la mayoría necesaria en la elección del director en caso de bloqueo y para equiparar ese cargo con el de un director general.

Es la única de las cinco leyes presentada solo con la firma del PP, que en el trámite parlamentario ha asumido la petición de Vox de eliminar una de las novedades de la norma: la que permitía que incluir dos puestos de trabajo eventuales en la Agencia, que seguirá por tanto solo con funcionarios de carrera. El PP ha justificado los cambios en reforzar el funcionamiento de este organismo. Para la oposición, se pretende el "asalto" político a una Agencia actualmente pendiente de renovar a su primer director, tras haber expirado su mandato, "para colocar a quien ellos quieran".