Los secretarios generales de Sánchez: ¿Un riesgo para los ministerios y las comunidades autónomas?

La reciente designación de Óscar López (Madrid), Diana Morant (Comunitat Valenciana), María Jesús Montero (Andalucía), Ángel Víctor Torres (Canarias), Salvador Illa (Cataluña) y Pilar Alegría (Aragón) como secretarios generales del PSOE en sus respectivas comunidades autónomas ha generado un debate sobre el impacto que esto tendrá en la gestión de los ministerios y en la relación del Gobierno central con las autonomías.

Por un lado, colocar a ministros en la primera línea política regional podría mermar la eficacia de los ministerios. La dirección de un ministerio requiere dedicación exclusiva, y la doble responsabilidad de liderar una federación autonómica del PSOE y gestionar una cartera ministerial puede traducirse en falta de enfoque y debilitamiento de las políticas clave. Diana Morant, ministra de Ciencia, y María Jesús Montero, titular de Hacienda y vicepresidenta primera, son figuras esenciales en la estructura gubernamental. Su nueva responsabilidad puede generar dudas sobre su capacidad para mantener la misma intensidad en la gestión nacional.

Además, la elección de ministros como líderes autonómicos refuerza la imagen de control del PSOE por parte de Pedro Sánchez, lo que puede derivar en una mayor polarización política. El hecho de que Ángel Víctor Torres, ex presidente de Canarias, recupere protagonismo en la región, o que Salvador Illa continúe su avance en Cataluña, demuestra la voluntad del presidente del Gobierno de consolidar su poder territorial. Sin embargo, esta estrategia también expone a las comunidades autónomas a los vaivenes políticos nacionales y podría generar tensiones con otros partidos regionalistas o con barones socialistas menos alineados con Sánchez.

En términos autonómicos, la implicación de estos ministros en la política regional puede ser un arma de doble filo. Mientras que el PSOE busca fortalecer su presencia territorial, vincular directamente la gestión autonómica a la figura de Sánchez podría ser contraproducente en comunidades donde el desgaste del Gobierno central es alto. En Andalucía, por ejemplo, donde el PSOE perdió el poder frente al PP con mayoría absoluta, la elección de María Jesús Montero como líder regional puede interpretarse como un intento de recuperar terreno, pero también como un riesgo si la gestión económica del Gobierno se convierte en un lastre electoral.

En definitiva, la designación de estos ministros como secretarios generales del PSOE en sus comunidades refuerza el control de Pedro Sánchez sobre el partido, pero a costa de asumir riesgos políticos y administrativos. Si la estrategia no da resultados positivos, el PSOE podría enfrentarse a un desgaste tanto en el Gobierno central como en el ámbito autonómico, debilitando su capacidad de gestión y su imagen de cara. Y si Pedro Sánchez acaba hundiéndose, ¿no tendrá un efecto muy negativo, a su vez, sobre sus peones autonómicos?