Los abogados valencianos piden la dimisión de la delegada del Gobierno por el 'desconocimiento total' de sus competencias

El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat por "el desconocimiento total" de sus competencias que ha manifestado en un escrito dirigido a esta entidad, donde deriva a la Conselleria la gestión sobre la asistencia telemática a detenidos, cuando según los letrados es un tema de su competencia directa.

Con esa ignorancia de que es ella, como delegada del Gobierno, y no Justicia, la competente sobre el asunto, Gloria Calero está "poniendo en peligro grave a la abogacía en las asistencias a detenidos en comisarías y cuarteles de la Guardia Civil", señala el Consejo en un comunicado. No obstante, fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por EFE sobre el comunicado del Consejo se remiten a la respuesta que a este respecto ya le ha dado Calero a los abogados: la competente es la Conselleria de Justicia e Interior.

En el comunicado del Consejo se afirma que "desde que se declaró el estado de alarma, tanto el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados como individualmente los colegios que lo integran han estado solicitando por escrito y verbalmente, de la Delegación de Gobierno, que se dictaran las instrucciones necesarias para que, mientras dure el estado de alarma, la asistencia letrada a los detenidos se realice por medios telefónicos o telemáticos en los centros de detención de la Comunidad Valenciana".

"Así se hace en muchas otras comunidades autónomas, y así se está haciendo para la puesta a disposición del detenido en la mayoría de juzgados", explica.

El Consejo critica que Calero, en una notificación enviada este martes, les notificó que daba traslado de su petición a la Conselleria que dirige Gabriela Bravo.

Y todo ello pese a la recomendación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat para que "las actuaciones de asistencia letrada a detenidos puedan realizarse por videoconferencia", y a pesar de que algunos centros de detención tienen los medios, y de que en muchos centros de la Comunitat ya se estaba haciendo, añade.

"Coincidiendo en la necesidad de aunar la protección de los trabajadores con la garantía de los derechos inherentes a la asistencia jurídica y a la confidencialidad de las comunicaciones entre los detenidos/as y sus letrados/as, damos traslado de su escrito en el día de hoy a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, en tanto órgano competente para atender su petición”, señala expresamente la respuesta de la Delegada del Gobierno, según el comunicado citado.

"Con esta comunicación la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana acredita su falta de idoneidad para el cargo y elude la responsabilidad exigible, pretendiendo ampararse en la Conselleria de Justicia e Interior, cuando debe conocer que esta última carece de competencias para atender su petición, siendo que corresponde a la Delegación de Gobierno todo lo relativo a las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", concluye la nota.