La vivienda, un problema sin soluciones reales

Cada día escuchamos hablar de la crisis de la vivienda, de los precios desorbitados del alquiler y de las dificultades de los jóvenes para emanciparse. Es un problema que afecta a una generación entera y que amenaza con perpetuar una desigualdad estructural en nuestra sociedad. Sin embargo, pese a la gravedad de la situación, los gobiernos siguen sin poner en marcha soluciones efectivas. Se limitan a hacer promesas vacías mientras los precios siguen subiendo y la situación se vuelve insostenible.

Uno de los mayores errores de la política actual en materia de vivienda ha sido cargar contra los pequeños propietarios mientras se permite que los grandes tenedores, los fondos de inversión y la banca controlen el mercado sin restricciones. Se ha extendido una narrativa en la que el problema de los alquileres se asocia a quienes poseen una o dos viviendas, cuando la verdadera especulación viene de aquellos que gestionan miles de inmuebles como si fueran simples activos financieros. Un claro ejemplo de los abusos que genera esta situación se puede ver en Valencia, donde hay pisos enteros divididos en habitaciones alquiladas a precios desorbitados, sin que las administraciones intervengan para frenar estos excesos. Este modelo no solo encarece la vivienda, sino que también precariza las condiciones de vida de quienes se ven obligados a aceptarlo por no poder acceder a un alquiler convencional.

Mientras tanto, los pequeños propietarios son señalados y demonizados, como si fueran los responsables de la crisis habitacional. Se imponen normativas que les dificultan cobrar rentas justas o recuperar sus viviendas en caso de impago, lo que en muchos casos desincentiva el alquiler y reduce aún más la oferta de pisos. Es absurdo castigar a quien ha invertido sus ahorros en una vivienda para alquilarla, mientras se permite que los grandes fondos buitre y la banca sigan inflando los precios sin ningún tipo de control. La vivienda pública, que debería ser un pilar fundamental para garantizar el acceso a un hogar digno, brilla por su ausencia. Apenas se construyen nuevas VPO y las pocas que existen muchas veces terminan vendiéndose al mejor postor en lugar de mantenerse como parque público de alquiler asequible.

A esto se suma el papel de la banca, que sigue registrando beneficios insultantes a costa de los ciudadanos. Los tipos de interés han subido sin piedad, haciendo que las hipotecas sean más caras que nunca. Sin embargo, quienes confían su dinero a los bancos apenas reciben intereses por sus ahorros. Se está produciendo una transferencia de riqueza en la que los grandes jugadores del sector financiero ganan y los ciudadanos pierden. Es urgente que los bancos flexibilicen las condiciones hipotecarias para los jóvenes, reduciendo los requisitos iniciales y permitiendo plazos más largos con cuotas asumibles. La realidad actual es que incluso aquellos que tienen empleo estable y ahorros suficientes no pueden acceder a una hipoteca debido a exigencias desproporcionadas, mientras los fondos de inversión siguen comprando viviendas sin restricciones.

Además, el Estado debería intervenir con medidas más ambiciosas. En muchos países europeos se han implementado ayudas directas para la compra de la primera vivienda, no solo en forma de avales, sino también con aportaciones a fondo perdido para facilitar la entrada al mercado inmobiliario. En España, sin embargo, seguimos sin una política de apoyo real que permita a los jóvenes acceder a la propiedad. Un sistema de ayudas bien diseñado no solo aliviaría la presión sobre el alquiler, sino que también fomentaría la estabilidad económica y social.

El problema de la vivienda no es una cuestión de falta de recursos, sino de falta de voluntad política. Existen modelos en otros países donde se ha conseguido regular el mercado para evitar que la vivienda se convierta en un negocio en manos de unos pocos. En España, sin embargo, seguimos atrapados en un sistema en el que los grandes tenedores imponen sus condiciones mientras los gobiernos miran hacia otro lado.

La clase política no puede seguir sin actuar mientras miles de personas se ven obligadas a compartir piso hasta los 40 años o a destinar más de la mitad de su sueldo al alquiler. Se necesitan medidas urgentes y valientes: una apuesta real por la vivienda pública, una regulación efectiva de los fondos de inversión en el mercado inmobiliario y condiciones hipotecarias más justas para los jóvenes.

Si no se actúa ya, la crisis de la vivienda no hará más que agravarse, dejando a toda una generación sin posibilidad de construir un futuro estable. Es hora de que los políticos dejen de hablar y empiecen a hacer.