LA UNIÓ critica el retraso en la resolución del justiprecio en algunas fincas afectadas por la expropiación de Parc Sagunt II

LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, a través de su Departamento de Defensa del Expropiado, manifiesta su profunda preocupación y malestar ante los graves retrasos del Jurado Provincial de Expropiaciones de Valencia en la resolución de expedientes sobre el justiprecio de algunas fincas expropiadas en el sector Parc Sagunt II.

A fecha de hoy, todavía hay propietarios que no han recibido la resolución de justiprecio, mientras que otros, en circunstancias similares, cuentan con dictámenes desde hace más de dos años e incluso han recibido las indemnizaciones correspondientes. Esta evidente disparidad plantea serias dudas sobre los criterios de actuación del Jurado Provincial y su capacidad para gestionar de manera eficiente y equitativa un proceso tan sensible como el de la expropiación forzosa.

"¿Por qué unas fincas cuentan con resolución y otras no? ¿Qué justifica este trato desigual?", se cuestiona LA UNIÓ. Este retraso no solo agrava la incertidumbre y el descontento de los afectados, sino que también pone en entredicho los principios de transparencia, equidad y justicia que deberían regir cualquier proceso de expropiación.

LA UNIÓ considera inadmisible que un organismo con la responsabilidad de garantizar los derechos de los ciudadanos caiga en prácticas que denotan una preocupante falta de equidad y eficiencia. Los afectados se enfrentan así a un escenario de desprotección y falta de garantías, lo que resulta especialmente grave en casos que afectan a medios de vida vinculados al sector agrario, ya de por sí vulnerable.

Por ello, LA UNIÓ exige, en primer lugar, una revisión urgente y exhaustiva de los procedimientos internos del Jurado Provincial de Expropiaciones para identificar las causas de estos retrasos y corregir las irregularidades.

Además, la organización agraria demanda la resolución inmediata de todos los expedientes pendientes, con objeto de garantizar un trato igualitario y justo para todos los propietarios y, por último, el establecimiento de medidas correctivas para asegurar que no vuelvan a producirse situaciones similares en futuros procesos de expropiación.

Desde LA UNIÓ se insta a las autoridades competentes a actuar de manera firme y decidida para restaurar la confianza en el sistema y proteger los derechos de los expropiados. LA UNIÓ continuará defendiendo a los agricultores afectados, velando por la transparencia y la justicia en todo momento en la defensa de sus derechos por las tierras expropiadas.