La SVPC denuncia que la creación de la categoría de Psicólogo General Sanitario en la red pública valenciana "es ilegal" y supone "un atentado contra la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes"

La Sociedad Valenciana de Psicología Clínica (SVPC-AVAPIR) quiere alertar públicamente, con la máxima contundencia, de la gravedad que entraña la propuesta presentada por VOX en Les Corts Valencianes para crear la figura estatutaria de Psicólogo General Sanitario (PGS) dentro del sistema público de salud. Y denuncia que esta iniciativa, "además de ser ilegal, supone un atentado contra la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes".

De salir adelante esta medida, "no solo se estaría quebrantando el marco legal vigente, sino que se pondría en serio peligro la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes de salud mental en nuestra comunidad. No podemos permitir que, por intereses ajenos a la salud pública, se devalúe la cualificación del profesional que atiende los problemas de salud mental en el Sistema Nacional de Salud", subraya la SVPC.

En este sentido, advierte de que crear una figura de Psicólogo General Sanitario (PGS) en el sistema público de salud con el mismo nivel A1 que los Psicólogos Clínicos Especialistas (PIR), con el argumento de suplir la escasez de estos últimos, conlleva riesgos muy importantes y numerosos errores técnicos, legales y profesionales. En esencia, esta iniciativa supone:

1. Una medida que devalúa la atención psicológica pública y pone en riesgo a los pacientes.

La SVPC recuerda que el Psicólogo Especialista en Psicología Clínica (PIR) es el único profesional que garantiza una formación intensiva, supervisada, altamente especializada y con experiencia directa en la red pública. Por lo que "sustituir o equiparar esta figura por profesionales que no han superado la exigente formación sanitaria especializada significa condenar a los pacientes a recibir una atención de menor calidad, menos rigurosa y sin las competencias clínicas que requieren los casos más graves y complejos".

2. Una amenaza directa a la seguridad jurídica y sanitaria del sistema.

La SVPC denuncia que "crear plazas A1 para Psicólogos Generales Sanitarios, que no son especialistas reconocidos por la ley, vulnera la Constitución; la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y las normativas que regulan el acceso al empleo público". En ese marco, la Psicología Clínica es una especialidad sanitaria reconocida por el Estado, y sólo puede obtenerse a través del sistema PIR (vía residencia). Por el contrario, el Psicólogo General Sanitario no es un profesional sanitario especialista, según la LOPS, y no puede ejercer como tal en el SNS. "Cualquier intento de crear una figura A1 'paralela' vulneraría esta ley". Por lo tanto, "este atajo político expone al sistema a un aluvión de recursos judiciales e impugnaciones que generarán una gravísima inseguridad jurídica y administrativa".

3. Un desprecio a los principios de equidad, mérito y capacidad.

Según la SVPC, "equiparar a quien ha cursado un máster habilitante —previsto únicamente para el ejercicio en el ámbito privado— con quienes han superado un proceso nacional altamente competitivo como es el PIR, es un insulto al esfuerzo de miles de profesionales y una burla al paciente, que merece ser atendido por especialistas plenamente cualificados".

4. Una invasión de competencias estatales que puede derivar en inconstitucionalidad.

La formación sanitaria especializada es competencia exclusiva del Estado. "Ninguna comunidad autónoma puede, de forma unilateral, inventar figuras sanitarias que distorsionen el mapa de las profesiones reguladas", subraya la SVPC.

DESPROPÓSITO JURÍDICO Y TEMERIDAD SANITARIA

Por todo ello, desde la Sociedad Valenciana de Psicología Clínica denuncian que la propuesta de creación de la categoría estatutaria de Psicólogo General Sanitario en el sistema valenciano de salud, registrada por Vox como una de lasenmiendas a la ley de Acompañamientoa los Presupuestos de la Generalitat para 2025, y que cuenta con el beneplácito de la Dirección General de Salud Mental liderada por Bartolomé Pérez,"no solo es un despropósito jurídico, sino también una temeridad sanitaria que degradaría la atención psicológica en el sistema público, comprometiendo la salud de las personas más vulnerables".

Para la SVPC"el riesgo es inaceptable".Por lo que exigen "responsabilidad a los representantes públicos para frenar de inmediato este intento de desprofesionalización del sistema sanitario"."La salud mental no puede ser moneda de cambio política ni víctima de atajos populistas. La ciudadanía merece garantías, no recortes encubiertos en la calidad asistencial".

Respecto a la carencia de psicólogos clínicos, la SVPC presentó recientemente a Bartolomé Pérez una serie de propuestas para aliviar la situación, y que el responsable de Salud Mental se comprometió a estudiar, pero que, "finalmente, y a la luz de los acontecimientos, han caído en saco roto".

Por ello, la Sociedad Valenciana de Psicología Clínica anuncia que va a emprender todas lasmedidas legalesa su alcance para parar esta iniciativa, así como a impulsar lasmovilizacionesnecesarias en el colectivo de profesionales de la salud mental en la sanidad pública valenciana, y las actuaciones que se considere convenientes para lograr laconcienciación y sensibilización de la sociedaden general.