La jueza de la DANA rechaza por segunda vez llamar a declarar a Mazón

La jueza de Catarroja que investiga las muertes y lesiones provocadas por la DANA del pasado 29 de octubre ha denegado la solicitud de una acusación particular de recibir declaración como testigo al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. En un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencina (TSJCV) ya rechazó citar al president, que es aforado, sin perjuicio de "que él lo pida voluntariamente", en cuyo caso tendría que hacerlo como investigado y no como testigo.

Por ello, recuerda que "la declaración de situación de emergencia catastrófica corresponde al president, la asunción del mando único, caso de haberse acordado, hubiera pasado al president, así como la estructura organizativa del plan territorial". 

Añade que las preguntas que pudieran formularse a Mazón, versarían sobre el análisis de la omisión de la declaración de situación de emergencia catastrófica, que "nunca se declaró", lo que "difícilmente tendría encaje en una declaración testifical, y desplazaría su posición procesal a la propia de un investigado".

En otro de los autos también desestima la práctica de un reconocimiento aéreo de las zonas afectadas, así como tomar declaración en este momento procesal a responsables de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), y de alcaldes y de concejales con competencias en emergencias y protección civil, aunque respecto a esta última cuestión, en el auto se señala que resolverá "a la vista de las declaraciones de víctimas y familiares".

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha rechazado la petición de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) de la identificación de las llamadas de la exconsellera Salomé Pradas y del exsecretario autonómico Emilio Argüeso, ambos investigados, entre el 24 y 30 de octubre, y la información de los datos de llamadas de todos los teléfonos móviles de la Generalitat, ya que afectan al secreto de las comunicaciones que "solo puede llevarse a cabo con fundamento en la presunta comisión de delitos dolosos", según un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).