El Camp de Morvedre es una de las comarcas más fuertes en el sector de la industria auxiliar del automóvil. /EPDAEl secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, ha reclamado al Gobierno de España que el diseño y desarrollo del Plan Auto 2030 cuente con la participación de las comunidades autónomas.
Así lo ha manifestado durante su intervención en la Comisión Territorial del citado plan, en la que han participado representantes de las autonomías y de las entidades locales a través de la ACEAC, junto con la Secretaría de Estado de Industria, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Carrasco ha subrayado que la colaboración entre administraciones resulta esencial para garantizar la eficacia de este tipo de iniciativas estratégicas. En este sentido, ha advertido del riesgo de repetir errores pasados como los cometidos en la gestión de los fondos europeos Next Generation, en los que, según ha recordado, la falta de coordinación con los gobiernos autonómicos provocó un resultado poco satisfactorio y una pérdida de oportunidades para los territorios. “Es necesario evitar que vuelva a ignorarse la voz de las comunidades, porque eso resta efectividad al plan y perjudica a miles de personas”, ha señalado.
El representante de la Generalitat ha hecho hincapié, además, en la necesidad de que el Plan Auto 2030 no se limite a atender las necesidades de los grandes fabricantes, sino que incluya también a la industria auxiliar del automóvil, que en la Comunitat Valenciana tiene un peso económico muy relevante.
“Por supuesto que apoyamos las medidas orientadas a los productores de vehículos, pero también debe reconocerse y respaldarse de forma clara y efectiva a las empresas del sector auxiliar, que generan empleo y valor añadido en nuestra región”, ha afirmado Carrasco. Asimismo, ha abogado por una mayor coordinación entre los diferentes actores implicados, tanto públicos como privados, a escala territorial.
Plan Auto 2030
El Plan Auto 2030 es una estrategia impulsada por el Gobierno de España en colaboración con la patronal ANFAC. Su objetivo es garantizar que el sector de la automoción siga siendo un pilar clave de la economía nacional y, al mismo tiempo, lidere el proceso de reindustrialización del país en la próxima década. En este marco, se pretende consolidar a España como un centro tecnológico e innovador, con el vehículo eléctrico como eje de transformación.
Entre las metas prioritarias del plan se encuentra la recuperación del mercado interno hasta alcanzar 1,2 millones de matriculaciones anuales, así como la promoción decidida de la electrificación. Para 2025, se prevé la venta de 100.000 coches eléctricos y la instalación de 91.000 puntos de recarga públicos.
De cara a 2030, la hoja de ruta contempla que haya en circulación 5,5 millones de vehículos eléctricos y un total de 300.000 puntos de recarga en todo el territorio nacional. Además, se establecen medidas para asegurar la competitividad industrial del país y mantener su capacidad de atracción de inversiones, especialmente ante el riesgo de deslocalización o cierre de plantas.
El Plan Auto 2030 se plantea como un compromiso de país que requiere del concurso de todas las administraciones, del conjunto del sector de la automoción y de otros agentes implicados en la transición hacia una movilidad sostenible. Para ello, se reclama dotarlo de un presupuesto propio, definir mecanismos eficaces de seguimiento y establecer sistemas de rendición de cuentas.
Entre las medidas previstas destacan la continuidad de incentivos como el Plan Moves, la ampliación sustancial de la red de infraestructuras de recarga y la implicación activa de otros sectores estratégicos, como el energético o el financiero, en la creación de un ecosistema competitivo a escala global.
El sector de la automoción representa en la actualidad el 10% del PIB español, genera dos millones de empleos y concentra el 18% de las exportaciones nacionales. En este contexto, el Plan Auto 2030 es considerado una iniciativa de carácter esencial para asegurar el liderazgo de España en la industria europea y garantizar su futuro ante los desafíos de la movilidad del siglo XXI.
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