Dos operarios trabajando en el barranco del Poyo a su paso por la Paiporta. EFE/Ana Escobar/Archivo
La Generalitat Valenciana ha defendido la vigencia del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones 2020-2021, en respuesta al requerimiento del Juzgado de Catarroja sobre la gestión y actualización de dicho documento tras las graves inundaciones del pasado 29 de octubre. El informe remitido al juzgado ha sido elaborado por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, funcionario de carrera de la administración autonómica y no cargo político, lo que, según fuentes de la Generalitat, garantiza su carácter técnico y objetivo.
El plan actualmente en vigor fue aprobado el 15 de julio de 2021 y ha permanecido como referencia operativa desde entonces. En 2023, con el objetivo de mejorar la capacidad de alerta temprana a los municipios frente a fenómenos meteorológicos adversos, se decidió introducir una modificación en el protocolo de notificación del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Dado que no era posible incorporar estos cambios al plan de forma inmediata, se convocó una reunión con todos los organismos implicados y se envió una circular informativa a los ayuntamientos, explicando detalladamente las nuevas directrices.
En la actualidad, la Generalitat está a la espera de que el Gobierno central apruebe una nueva directriz básica que permita actualizar formalmente el plan especial y proceder a su aprobación mediante decreto. No obstante, el pasado 14 de marzo, durante la reunión de la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, se informó del inicio del procedimiento para la revisión del Plan Territorial de Emergencias. Esta revisión incluirá un procedimiento horizontal de aplicación del sistema ES-ALERT, una herramienta de alerta masiva que será incorporada a todos los planes de protección civil, incluido el de inundaciones.
Desde la Conselleria de Justicia e Interior, se subraya que la Generalitat ha trabajado de forma constante para reforzar la planificación local ante emergencias. Entre 2021 y 2024, el Ejecutivo autonómico impulsó una campaña de apoyo a los municipios mediante subvenciones destinadas a la elaboración de planes específicos frente a riesgos como el de inundaciones.
Los resultados de esta campaña han sido especialmente significativos en las localidades afectadas por las lluvias torrenciales del 29 de octubre. De los 85 municipios impactados por el temporal, 63 presentan un riesgo alto o medio de inundaciones, lo que les obliga legalmente a contar con un Plan de Actuación específico frente a ese riesgo. Todos ellos han elaborado dicho plan, aunque ocho todavía están pendientes de su aprobación: Bétera, Calles, Guadassuar, Llíria, Paiporta, Requena, Sedaví y Torrent.
En lo que respecta a la planificación territorial más general, todos los municipios afectados —salvo Cheste— disponen de su Plan Territorial Municipal de Emergencias. De estos, seis aún están pendientes de aprobación definitiva: Aldaia, Chiva, Mislata, Paiporta, Requena y Xirivella.
Desde la administración autonómica insisten en que el sistema de protección civil está en constante mejora y adaptación, y que la colaboración entre instituciones, la planificación técnica y la coordinación territorial son claves para minimizar el impacto de fenómenos extremos como los vividos en la Comunitat Valenciana durante el último otoño.
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