La asociación de asesores fiscales de la Comunitat Valenciana denuncia "obstáculos burocráticos persistentes" y exigen acciones gubernamentales

La asociación de asesores fiscales de la Comunitat Valenciana APAFCV ha emitido un comunicado en el que piden la intervención de las autoridades para eliminar las "trabas burocráticas" que, en su opinión, dificultan su trabajo.

Según denuncian desde APAFCV, desde el inicio de la pandemia del Covid-19, los asesores fiscales han enfrentado serias dificultades en su labor profesional debido a la creciente carga de trámites burocráticos impuestos por las Administraciones Públicas, especialmente a nivel estatal. La asociación recuerda que estos procedimientos, inicialmente, se pensaron como una medida transitoria, dada la magnitud de la crisis, pero han persistido sin cambios significativos en la actitud de las autoridades.

La implementación de la administración digital por parte de las Administraciones Públicas ha sido calificada como "ineficiente, insegura y opresiva" por parte de los asesores fiscales que sostienen que se ha debilitado la seguridad jurídica de los ciudadanos y creen que deja desatendida la atención a sectores vulnerables, incluidos los mayores, lo que consideran un incumplimiento de los mandatos constitucionales.

Además, denuncian que los asesores fiscales se ven obligados a asumir tareas propias del funcionariado, lo que los coloca en una "posición de subordinación frente a la administración". APAFCV rechaza vehementemente el aumento en las obligaciones y responsabilidades que se impone a su gremio.

Otro aspecto preocupante para la asociación es la redundancia burocrática en la comunicación de datos de los administrados a diferentes entidades gubernamentales o sus departamentos, ya que consideran que genera una carga adicional de trabajo y una pérdida de eficiencia en el sistema.

En este contexto, los asesores fiscales reclaman la recuperación de canales eficientes de atención en las Administraciones Públicas, en beneficio de todos los sectores, tanto empresas como particulares, y para garantizar el buen funcionamiento del Estado.

Exigen, además, el derecho a la conciliación familiar, a la salud y al descanso, así como a recibir comunicaciones gubernamentales dentro del horario laboral ordinario. Denuncian la existencia de plazos breves y notificaciones masivas que generan indefensión entre los profesionales del sector.