Hacienda, a la caza de los administradores sociales

Muchos son los administradores sociales que, en los últimos meses, están viendo como Hacienda se dirige frente a ellos, para exigirles el pago de deudas tributarias y de sanciones, que eran de la sociedad. Es lo que se conoce como declaración de responsabilidad subsidiaria, y está a la orden del día. Por ello, interesa saber cómo defenderse frente a una de ellas.

En primer lugar, para que Hacienda pueda dirigirse frente al administrador, es preciso que antes haya declarado fallida a la sociedad. Es decir, que hayan resultado infructuosas todas las acciones de cobro realizadas frente a la misma. Dicha declaración de fallido es imprescindible en estos expedientes.

Además, una vez realizada tal declaración de fallido, ninguna actuación recaudatoria posterior frente a la sociedad interrumpirá la prescripción. Por ello, si pasan cuatro años ya no se podrá exigir la deuda al administrador.

Además, es preciso que Hacienda identifique por qué motivo considera responsable al administrador. Para ello, debe ceñirse a alguno de los supuestos de responsabilidad de administradores previstos en los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria (LGT). En este punto, los supuestos más habituales son los previstos en las letras a) y b) del artículo 43 de dicha norma.

Esto es importante, y es que en la medida en que actuación del administrador no se ajuste a la descripción contenida en los citados preceptos, no podrá declarársele responsable.

En cuanto al importe que se puede exigir a los administradores, normalmente éste comprenderá la deuda tributaria dejada de ingresar y, cuando se prevea expresamente, también las sanciones tributarias.

A la hora de defenderse frente a una de estas declaraciones de responsabilidad, el administrador puede alegar que no ha realizado la conducta descrita en el supuesto de responsabilidad que se le imputa. Por ejemplo, en el supuesto del artículo 43.1.a) de la LGT, que el hizo todo lo posible para evitar que la sociedad cometiese infracciones tributarias. O en el del artículo 43.1.b), que llevó a cabo un cese ordenado de la empresa, y que no es culpa suya que la Administración no pudiera cobrar.

También puede discutirse la condición de administrador, especialmente cuando se realizaban funciones de administración, pero no se ostentaba tal cargo (administradores de hecho).

Sin embargo, el arma de destrucción masiva que puede hacer saltar por los aires la declaración de responsabilidad es la posibilidad, prevista en el artículo 174.5 de la LGT, de impugnar las liquidaciones y sanciones que en su día se notificaron a la sociedad. Y ello, de forma autónoma, e independientemente de que la entidad las recurriese o no en su día.

Por tanto, el administrador declarado responsable no sólo puede cuestionar su propia responsabilidad, sino también las liquidaciones y sanciones que son el origen de la deuda cuyo pago se le reclama.

Por ello, conviene recurrir estas declaraciones de responsabilidad a los administradores. Y es que, en muchos casos, los resultados en Tribunales de estos recursos están siendo favorables para los contribuyentes.

José María Salcedo. /EPDA