Consellera de Sanitat, Ana Barceló. EFE El sindicato CSIF ha recibido la notificación del Juzgado
de Instrucción número 2 de Valencia sobre la admisión a trámite de su denuncia
contra Conselleria de Sanitat. En este escrito, al Juzgado anuncia que también
traslada a Fiscalía las actuaciones. CSIF denunció el pasado 15 de abril por vía
penal a Conselleria ante la falta de protección al personal sanitario, lo que podría
constituir, entre otros, delito de prevaricación por omisión o de homicidio imprudente.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF) explicaba en su denuncia que “a pesar de las recomendaciones de la OMS,
de la declaración de emergencia sanitaria internacional, de las recomendaciones
del Ministerio de Sanidad al respecto y de los escritos presentados por CSIF, Conselleria
de Sanitat incurrió en una evidente inactividad”, lo que causó la desprotección
de sus trabajadores.
El Juzgado de Instrucción número 2 ha determinado, ante
la denuncia de CSIF, proceder a “incoar diligencias previas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para
averiguar la identidad y circunstancias de las personas responsables y la
realidad de los hechos sucedidos, por si fueran constitutivos de un delito de
los comprendidos en dicho artículo”. También anuncia que “pasa las actuaciones
al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre la competencia y admisibilidad
de la denuncia”.
CSIF interpuso denuncia contra “todas aquellas personas
que por su condición de autoridades y responsables de Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública de la Generalitat y de cualquier otra instancia pudieran resultar criminalmente responsables”.
En ese escrito relataba cómo desde el 31 de enero había estado advirtiendo a
Conselleria del peligro del Covid-19 y preguntando por el material de
protección para el personal sanitario sin que la Administración adoptara
medidas.
El sindicato explicaba esa “inactividad” con detalle, en
su denuncia, y hacía hincapié en que “se constata de manera evidente y se pone
de manifiesto con la falta absoluta o la ineficacia de los medios de protección
puestos por dicha Conselleria a disposición del personal que presta servicios
en instituciones sanitarias. Esta falta de medios es pública y notoria, y ha
dado lugar a un elevado número de contagios entre profesionales sanitarios e
incluso al fallecimiento de varios de ellos. Este personal infectado representa
más del 15% del total de casos de contagios en la Comunidad Valenciana”.
CSIF recalcaba en la denuncia que “la obligación legal de
proteger a los trabajadores por parte de la empresa, o en este caso
administración empleadora, implica también la obligación de dotarles de los
medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas
condiciones de seguridad”.
La central sindical subrayaba al Juzgado respecto a
Conselleria que la citada obligación legal de proteger a los trabajadores “está
siendo incumplida de manera palmaria por la administración denunciada desde el
primer momento de enfrentar la epidemia. Como consecuencia de su inactividad y
falta de previsión pese a los antecedentes que conocía o debía conocer, ha
provocado que sus profesionales sanitarios hayan estado trabajando con batas
permeables, chubasqueros, bolsas de basura, sus propias gafas, gafas de buceo y
aquellos otros medios que se les ocurre agudizando su ingenio para protegerse
frente al Covid-19 y evitar la propagación de la enfermedad ante la pasividad
de la Administración”.
CSIF defiende en la denuncia que esa inacción de
Conselleria “podría ser constitutiva de un delito de prevaricación por omisión
tipificado en el artículo 404 del Código Penal, de un delito continuado contra
los derechos de los trabajadores previsto y penado en los artículos 316, 317 y
318 del Código Penal, así como de tantos delitos de lesiones y homicidios
imprudentes como trabajadores hayan resultado contagiados o fallecidos por el
virus Covid-19, como consecuencia de la inacción y falta de previsión de la
administración sanitaria autonómica”.
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