El juicio por el caso Erial, que sentará a Zaplana en el banquillo empezará en enero

El juicio del caso Erial, en el que está procesado el exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana por el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, comenzará el próximo enero en la Audiencia de Valencia y se prolongará hasta mayo.

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia y los abogados de las defensas y las acusaciones han celebrado este viernes una reunión en la que han cuadrado agendas y han acordado un calendario para el juicio, que se celebrará del 9 de enero al 10 de mayo de 2024, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

Inicialmente, se han señalado un total de 40 sesiones para este juicio, aunque podrían ampliarse dado el número de testigos que las distintas partes han solicitado que declaren, que superan los 200.

En el caso Erial, cuya instrucción finalizó el pasado mes de octubre, están investigadas veinte personas, entre ellas los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia del fallecido expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, además de colaboradores del expresident y exministro y varios empresarios.

Según señalaba el auto que puso fin a la instrucción, existen indicios de la existencia de una organización formada por personas que, aprovechándose algunas de los cargos políticos que tenían o habían tenido, a lo largo de los años junto a varias empresas ya existentes o creadas ex profeso, facilitaron la obtención de contratos públicos, con beneficios económicos para todos que posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos.

Los presuntos delitos que se han investigado son organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental, y otros de los presuntos autores son Joaquín Barceló Llorens (testaferro), Vicente y José Cotino Escrivà, y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras.

Los investigados, "dirigidos por" Zaplana, según la instructora, formaban un grupo cercano al expresident por vínculos de amistad, como en el caso de Joaquín Miguel Barceló Llorens, o por haber tenido relación con ellos por la posición política que ostentó y las relaciones que tuvo desde su cargo público, y ello con el fin de poder obtener ganancias ilícitas.

Se ayudaban en la consecución de este fin de Francisco Grau Jornet, Juan Francisco García Gómez, Mitsuko Flerida, Joaquín Miguel Barceló Llorens y otros, y especialmente de parte de los empresarios que formaban el grupo Sedesa -Vicente Cotino Escrivá y José Cotino Escrivá-, y el ya fallecido Juan Cotino usando sociedades como Asedes Capital.

Tras la privatización de las ITV y la ordenación territorial de los Parques Eólicos, objeto del procedimiento y un proceso que se inició en el periodo en que Zaplana presidió la Generalitat, los concursos públicos sobre los que se abrió licitación fueron adjudicados a Proyectos Eólicos Valencianos (participada por Endesa, Bancaja y Levantina de Obras y Edificios, y más tarde Inversiones Imison) en tres de las zonas, según el auto.