El Gobierno obliga a centros, servicios y establecimientos sanitarios privados a reforzar los circuitos de diagnóstico de coronavirus

El Gobierno ha dictado una orden que pone a disposición de las comunidades autónomas cualquier centro de diagnóstico clínico, privado o público, que no esté prestando servicios al Sistema Nacional de Salud, y la posibilidad de adoptar medidas para la regulación de los precios de las pruebas diagnósticas para la detección de la COVID-19, con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio.

Son algunas de las medidas excepcionales recogidas en una orden del Ministerio de Sanidad que publica este martes el BOE para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

También se limita la realización de las pruebas diagnósticas para la detección de la COVID-19 a aquellos casos en los que exista una prescripción previa por un facultativo y se ajusten a criterios establecidos por la autoridad sanitaria competente.

Con la presente orden se dispone la obligación por parte de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada estar disponibles para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico ya existentes, y de notificar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma los casos de COVID-19 diagnosticados.

Corresponderá a las autoridades de salud pública de la comunidad autónoma establecer los procedimientos y el circuito para cumplir con los objetivos y con las tareas de vigilancia y contención de la epidemia.

Además, con esta orden se pone a disposición de las comunidades autónomas cualquier centro, servicio y establecimiento sanitario de diagnóstico clínico, que a la fecha de entrada en vigor de la orden no esté prestando servicios al Sistema Nacional de Salud.

Esta puesta a disposición incluye la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de las pruebas diagnósticas para la detección de la COVID-19, con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio.

Igualmente, se limita la realización de las pruebas diagnósticas para la detección de la COVID-19 a aquellos casos en los que exista una prescripción previa por un facultativo y se ajusten a criterios establecidos por la autoridad sanitaria competente.