El Estado debe asumir su responsabilidad: indemnizaciones justas para los damnificados por la DANA

La última DANA que devastó la provincia de Valencia dejó tras de sí un rastro de destrucción que pudo haber sido mucho menor si el Estado español hubiera actuado conforme a los informes técnicos que durante años han señalado la necesidad de obras hidráulicas en barrancos como el Poyo o la Saleta.

Es inadmisible que, en pleno siglo XXI, los ciudadanos sigan pagando las consecuencias de la inacción administrativa. Los informes técnicos no eran simples recomendaciones, sino advertencias claras sobre el riesgo que suponían estos barrancos ante fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes por el cambio climático. Su desbordamiento no solo era previsible, sino evitable si se hubieran ejecutado las obras necesarias para encauzar y controlar las aguas. Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido una voz insistente en este sentido. Tras realizar más de 15 estudios sobre el barranco del Poyo, Francés subrayó en declaraciones a Informativos Telecinco que las intervenciones necesarias eran competencia del Ministerio y que su coste era relativamente bajo. “Es una obra del Ministerio; costaba muy poco y es la crónica de un desastre anunciado”, afirmó, como recogió El Periódico de Aquí. También en su momento se publicó una información con el titular ''La burocracia y la falta de inversión en estructuras hidráulicas agrava el impacto de la DANA''

Los daños materiales son incalculables: viviendas destruidas, negocios arrasados, vehículos inutilizados, familias que han perdido su modo de vida y comunidades enteras que tardarán años en recuperarse. Y, lo que es aún más doloroso, víctimas mortales que podrían haber sido evitadas. ¿Quién responde por estas pérdidas humanas y materiales? La respuesta es clara: el Estado, por su negligencia continuada.

No basta con la habitual catarata de promesas de ayudas económicas que, en muchos casos, llegan tarde o resultan insuficientes. Es hora de que el Gobierno reconozca su responsabilidad y compense de forma justa a los afectados. Indemnizar a los damnificados no es un gesto de buena voluntad, sino una obligación moral y legal derivada de su inacción frente a riesgos conocidos y documentados.

La DANA no es solo una catástrofe natural, sino también un recordatorio de que los desastres se agravan cuando no se invierte en prevención. La provincia de Valencia no puede esperar más. Las administraciones deben abandonar la desidia y priorizar la ejecución de las infraestructuras pendientes, no solo para reparar el daño ya hecho, sino para evitar que vuelva a suceder.

Es hora de que el Estado asuma su culpa y dé un paso al frente. Los valencianos no merecen ser abandonados a su suerte. Las indemnizaciones son un primer paso, pero lo realmente urgente es que esta tragedia no se repita.