El Consell clama contra Pedro Sánchez al saber que los autónomos valencianos deberán tributar por las ayudas de la DANA

Los autónomos de la Comunitat Valenciana afectados por la DANA tienen que declarar en la campaña del IRPF de 2024 las ayudas de emergencia que recibieron de la Generalitat Valenciana. Un hecho del que desde el Consell se afirma no ser responsable ya que es el Gobierno de España quien debería haber aprobado la exención fiscal correspondiente para estas ayudas, cosa que sí ha hecho para otras de carácter estatal con objetivos y destinatarios similares.

Desde la Conselleria de Hacienda denuncia que, aunque las ayudas concedidas por la Generalitat a través de varios decretos tienen la misma finalidad que las estatales reguladas por el Real Decreto-ley 6/2024, el Gobierno no ha realizado ninguna modificación normativa que impida su tributación. Esto genera, según el Consell, una situación de “injusticia fiscal”, al obligar a los beneficiarios valencianos a devolver parte de esas ayudas en forma de impuestos.

El secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó, no ha dudado en mostrar su indignación: “No pedimos privilegios, pedimos justicia fiscal. Que dos ayudas iguales, dirigidas al mismo fin, reciban el mismo trato. Si el Gobierno no lo hace, está fallando a quienes más lo necesitan cuando más lo necesitan”.

A pesar de que la Generalitat ha solicitado hasta en dos ocasiones la modificación legal necesaria para evitar este perjuicio, el Ministerio de Hacienda no ha dado respuesta. Técnicos de la Dirección General de Tributos han intentado sin éxito encontrar una vía técnica que permitiese la exención. Según Monzó, “el Gobierno está ingresando vía impuestos unos recursos que la Generalitat ha puesto en manos de los afectados para reparar daños. Es inaceptable. El dinero que debería estar en manos de quienes han perdido su actividad acaba en la caja del Estado”.

La situación crea un agravio comparativo entre los autónomos, ya que aquellos que recibieron ayudas del Estado no deberán tributar por ellas, mientras que los que las recibieron de la Generalitat sí. “No se puede penalizar al autónomo por recibir la ayuda de la Generalitat. Es un sinsentido fiscal y una inmoralidad institucional”, ha afirmado Monzó.

Desde el Consell también se denuncia que esta no es la única promesa incumplida por parte del Gobierno central. Recuerdan que la prestación extraordinaria por cese de actividad finalizó el pasado 31 de enero, a pesar de que el Ejecutivo se comprometió a prorrogarla. Además, no se ha aprobado ninguna exención de las cuotas a la Seguridad Social para los autónomos damnificados, ofreciéndose únicamente un aplazamiento que obligará a pagar doble en el futuro.

Mientras tanto, la Generalitat ha actuado con rapidez. A través del servicio de empleo Labora, se han destinado más de 55 millones de euros en ayudas directas a autónomos sin empleados afectados por la catástrofe. En total, 18.393 personas han recibido una ayuda directa de 3.000 euros. 

La Generalitat destaca que estas subvenciones se han tramitado en "tiempo récord, sin burocracia y en dos fases, para poder abarcar más municipios y permitir la participación de quienes no pudieron presentar solicitud inicialmente". Además, en el ámbito fiscal, la Generalitat ha declarado exentas todas las ayudas sobre las que tiene capacidad normativa para hacerlo.

Monzó ha insistido en que la Generalitat ha cumplido con su responsabilidad. “Ha dado las ayudas, ha llegado rápido, ha sido justa. Lo que no puede hacer es legislar lo que no le compete. Por eso, exigimos al Gobierno que deje de mirar hacia otro lado”, ha declarado.

El Consell reitera su petición al Gobierno de Pedro Sánchez para que modifique de inmediato la normativa fiscal, con el objetivo de extender la exención también a las ayudas autonómicas. Piden, además, un trato justo y equitativo para los autónomos valencianos y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo en materia de Seguridad Social y cese de actividad.

“La Generalitat ha hecho su parte: activar las ayudas, entregarlas cuanto antes y reclamar con lealtad institucional. Ahora le toca al Gobierno cumplir y no castigar al que actúa”, ha concluido Monzó.