La
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado
hoy trasladar a los órganos gubernativos del Tribunal Supremo, Audiencia
Nacional y Tribunales Superiores de Justicia que deberán abstenerse de
adoptar las medidas organizativas y tecnológicas previstas en la ley
para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el COVID-19, así
como dejar sin efecto las que se encuentren vigentes
en este momento.
Esta
decisión es consecuencia del acuerdo adoptado el pasado día 4 por el
Consejo de Ministros, que declaró la finalización de la situación de
crisis sanitaria provocada por el COVID-19. En el ámbito de la
Administración de Justicia, dicho acuerdo supone la suspensión de
medidas tales como celebración telemática de actos procesales,
limitaciones en el acceso a las salas de vistas, dispensa de la
utilización de togas o establecimiento de formas no presenciales de
atención al público, entre otras, previstas en la Ley 3/2020, de 18 de
septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al
COVID-19.
La
Comisión Permanente explica que, a partir del 5 de julio, fecha de la
publicación en el BOE del acuerdo del Consejo de Ministros, las citadas
medidas quedan privadas de eficacia, debiendo los órganos de gobierno
de los distintos tribunales no sólo abstenerse de adoptarlas sino
proceder a dejar sin efecto aquellas que permanecieran vigentes a fecha
de hoy.
El
acuerdo será comunicado a la Fiscalía General del Estado, al Consejo
General de la Abogacía Española, al Consejo General de Procuradores de
España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales
de España.