Discrepar de Hacienda no merece la imposición de una sanción tributaria

José María Salcedo./EPDA

Son muchos los contribuyentes que son sancionados por Hacienda. Y ello, de forma prácticamente automática, por el simple hecho de haber cometido una infracción tributaria. Sin embargo, en nuestro Derecho Tributario no basta con cometer una infracción para ser sancionado. Y es que resulta necesario además probar que el contribuyente no ha actuado de forma culpable o negligente, y demostrar también que no ha existido ninguna de las causas eximentes de responsabilidad previstas en la Ley General Tributaria.

Una de estas causas de exoneración de la responsabilidad es la existencia de interpretación razonable de la norma. Es decir, que el contribuyente, a pesar de haber cometido una infracción tributaria, lo ha hecho siguiendo una interpretación que se considere que tiene sentido, y no es abiertamente contraria a la norma o inverosímil.

En esos casos, se considera que la interpretación del contribuyente es errónea, pero razonable. Y por ello no es posible sancionarle.

Hablamos no obstante de un concepto jurídico indeterminado. Y hay que tener en cuenta que es Hacienda, cual zorro que cuida las gallinas, la que se encarga en primera instancia de decidir si la interpretación del contribuyente es o no razonable.

Sin embargo, más allá de la indeterminación del concepto, y de lo que pueda considerar Hacienda, hay desde luego ciertas señales que nos permiten llegar a la conclusión de que el contribuyente ha actuado siguiendo una interpretación razonable de la norma. Y que por este motivo no debería ser sancionado.

Es por ejemplo el caso de que el contribuyente haya sido sancionado en supuestos en los que sobre la forma correcta de tributar existen pronunciamientos discrepantes de varios Tribunales Superiores de Justicia.

Pues bien, es precisamente la existencia de esta discrepancia jurídica entre distintos Tribunales la que demuestra que la interpretación realizada por el contribuyente, que necesariamente coincidirá con la seguida por alguno de estos Tribunales, debe ser considerada cuanto menos razonable. Y ello, porque cuenta al menos con el aval de los Tribunales.

Del mismo modo, es evidente que no puede reputarse irrazonable una interpretación que se refiera a una cuestión que está pendiente de ser decidida por el Tribunal Supremo. Ello, porque se ha admitido a trámite un recurso de casación. Y es que la existencia de dicho recurso demuestra las enormes dudas que genera la cuestión litigiosa, no pudiendo en consecuencia sancionar al contribuyente mientras dichas dudas se hayan disipado.

Por último, puede ocurrir que una determinada cuestión ya haya sido resuelta por el Supremo, pero que sin embargo este tribunal se encuentre dividido, siendo patente dicha división por la existencia de votos particulares. Pues bien, en este caso, tributar conforme a la interpretación de uno de esos votos particulares en la confianza de que la doctrina fijada por el Tribunal Supremo pueda ser un día revertida, supone a mi juicio una prueba de que dicha interpretación es igualmente razonable, aunque sólo sea porque es defendida por varios magistrados del Tribunal Supremo.

En definitiva, Hacienda no debería sancionar a un contribuyente por el mero hecho de que éste sostenga una interpretación de la norma radicalmente distinta de la oficial. Además, si dicha interpretación viene avalada por los Tribunales, la imposición de una sanción deviene todavía más absurda. Ello, porque supone considerar que estos Tribunales o magistrados siguen una interpretación absurda o desvariada de la norma, lo cual no tiene sentido alguno.