DANA en Valencia: Un Estado quasi fallido

La tragedia reciente provocada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en Valencia ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias en los mecanismos de respuesta, la planificación urbana y la gestión de emergencias en el contexto español. Este acontecimiento no solo ha afectado a miles de familias, sino que también ha dejado en evidencia aspectos críticos de la política y la gobernanza que requieren atención urgente. En este artículo para una profunda reflexión, destaco cuatro áreas importantes: las condolencias y el apoyo a las víctimas, las responsabilidades políticas, la respuesta de ayuda y la urgente necesidad de prevención e intervención en infraestructura.

La primera y más urgente acción ante esta tragedia es expresar nuestras condolencias a los familiares de quienes han perdido la vida a causa de esta catástrofe natural. La pérdida de seres queridos es un golpe devastador, y un Estado de derecho debe mostrar su empatía y apoyo a los que sufren. Asimismo, es fundamental brindar ánimo y recursos a quienes han perdido sus viviendas, negocios o vehículos. La rehabilitación de estas pérdidas materiales debe ser una prioridad, pero más allá de lo tangible, el apoyo emocional y psicológico para los afectados también es crucial en este proceso de reconstrucción. Los gobiernos locales, junto a la comunidad valenciana, española y europea, deben colaborar para construir no solo infraestructuras, sino también recuperar la esperanza en las vidas de las personas afectadas.

Cuando la situación se normalice, es inevitable que surja la pregunta sobre las responsabilidades políticas. El sábado 130.000 personas salían a la calle para pedir la dimisión de Carlos Mazón, aunque también se apunta a la falta de respuesta inmediata del Gobierno de España. La alerta ante el desbordamiento de los barrancos llegó tarde, cuando ya había afectado a casi 400.000 habitantes. La gestión de emergencias requiere no solo reacción, sino también una anticipación efectiva de los fenómenos naturales. Carlos Mazón, como principal líder de la autonomía valenciana, tendrá que asumir responsabilidades significativas y llevar a cabo una remodelación de su gobierno. Resulta indispensable que dé más peso a los líderes de la provincia de Valencia en la estrategia de gestión de crisis, garantizando que los recursos, la información y la planificación fluyan adecuadamente desde el centro hacia las diversas comunidades. Un Estado que no responde adecuadamente a una crisis no solo pierde legitimidad, sino que puede llevar a la frustración de una ciudadanía que demanda protección y eficacia.

La respuesta del Estado ante esta calamidad ha sido criticada por su lentitud. Así ha sido. Los afectados merecían la presencia de miles de efectivos del Ejército, UME, etc al día siguiente de la tragedia. Mientras que las comunidades y los voluntarios se movilizaban rápidamente para ayudar a los afectados, los sistemas estatales no estuvieron a la altura por esa falta de coordinación o de tomar decisiones. Es importante resaltar y aplaudir la movilización de decenas de miles de voluntarios que, con esfuerzo y solidaridad, han proporcionado apoyo a quienes lo necesitaban. Estos ciudadanos, que actuaron donde las instituciones fallaron en primer término, demostraron que la empatía y la solidaridad son fundamentales en tiempos de crisis. Sin embargo, la actuación tardía del Estado revela la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de emergencia y un refuerzo de las estructuras operativas encargadas de la gestión de catástrofes.

Un aspecto crucial que ha quedado evidente tras la catástrofe es que los barrancos que van desde Utiel hasta el del Poyo necesitaban una urgente intervención para evitar lo que ha ocurrido. Desde hace tiempo, tanto alcaldes de los municipios afectados como expertos y catedráticos habían estado reclamando atención a esta problemática. La falta de acción por parte del Estado demuestra una clara dejación de funciones. Más vale prevenir que lamentar, y este triste episodio es un recordatorio palpable de ello.

Otro claro ejemplo de la necesidad urgente de intervención es la importancia de la presa de Forata y el nuevo cauce del río Turia, tal como lo destaca el Colegio de Ingenieros en un reciente comunicado. Estas infraestructuras son cruciales para mitigar el riesgo de inundaciones en la región. La falta de inversión y atención a estas obras puede resultar en desastres aún mayores, como los que hemos presenciado. Se debe cuestionar por qué las advertencias de expertos y autoridades locales no fueron atendidas con la seriedad que requerían. Esto subraya la necesidad de un enfoque proactivo y una gobernanza que priorice la seguridad de la población.

El catedrático de Ingeniería Hidráulica de la UPV, Félix Francés, ha afirmado que, tras 15 estudios sobre el barranco del Poyo, el Estado ha ignorado la necesidad de llevar a cabo medidas preventivas que costaban "muy poco" en comparación con el impacto que el desbordamiento ha tenido en la población. Francés ha destacado que allí había obras que, si hubiesen sido implementadas a tiempo, podrían haber evitado muchos de los daños causados. Las intervenciones necesarias no solo son técnicas, sino que implican una verdadera voluntad política para llevarlas a cabo, algo que lamentablemente ha faltado en este caso.

Esto invita a reflexionar sobre la desidia institucional y la falta de atención a las advertencias de los expertos. La previsión y la preparación son fundamentales, y no podemos permitir que otro evento catastrófico ocurra sin las medidas adecuadas.

Por lo tanto, hacemos un último ruego al Gobierno de España, la Generalitat y la Unión Europea: que las ayudas lleguen ya y que se reconstruyan las infraestructuras dañadas de manera efectiva y prioritaria. Es esencial que se tomen medidas para asegurar que futuras tragedias puedan evitarse y que esta situación no vuelva a repetirse.

El impacto de la DANA en Valencia es un recordatorio de que necesitamos reflexionar sobre el funcionamiento del Estado como garante de la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Un Estado se convierte en "quasi fallido" cuando las estructuras de gobierno no logran cumplir sus funciones básicas: proteger a sus ciudadanos, proporcionar servicios esenciales y asegurar una estructura de respuesta ante emergencias.

Un cambio cultural hacia la prevención es necesario para transformar las tragedias en oportunidades para aprender y mejorar. La educación sobre riesgos naturales y la gestión de crisis debería ser una prioridad en todos los niveles, desde la educación primaria hasta la formación profesional de líderes y responsables de la gestión pública. Esto incluye la formación en gestión de emergencias, planificación urbana y el desarrollo de infraestructuras resilientes.

Además, es crucial fomentar la participación ciudadana en la planeación y ejecución de políticas públicas. Las comunidades deberían tener voz y voto en las decisiones que afectan su seguridad y bienestar. Crear plataformas de participación donde los ciudadanos puedan expresar sus preocupaciones y propuestas también puede generar un sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva.

En el marco de la reconstrucción tras desastres como el de la DANA, dos conceptos deben estar en el centro de cualquier plan: recuperación y sostenibilidad. La reconstrucción no debería limitarse a reparar los daños, sino que debería orientarse hacia la construcción de un futuro más seguro y resiliente.

La inversión en infraestructuras que no solo sean funcionales, sino también sostenibles, es fundamental. Esto implica considerar el impacto ambiental y social de las obras. La incorporación de soluciones naturales, como la restauración de humedales o la creación de espacios verdes, no solo ayuda a controlar las inundaciones, sino que también contribuye a la calidad de vida de los ciudadanos.

Finalmente, se necesita un enfoque integrado de gestión de desastres que involucre a múltiples actores—gobierno, comunidad, sector privado y académicos. Las políticas deben ser diseñadas desde una perspectiva interdisciplinaria, asegurando que todos los aspectos de la vida comunitaria sean tomadas en cuenta. Esto es esencial para crear un marco robusto que pueda soportar no solo las crisis actuales, sino también las futuras.

En este sentido, el catedrático Félix Francés ha señalado que las inversiones necesarias para evitar desastres naturales son relativamente pequeñas en comparación con los costos asociados a la recuperación tras una catástrofe. Un Estado que invierte en infraestructura preventiva no solo protege a su población, sino que también reducirá el líquido que tendrá que desembolsar en el futuro por reparaciones en caso de un fenómeno adverso.

El Estado debe ser capaz de evaluar los costos y beneficios de estas inversiones, estableciendo un plan que priorice la prevención para ahorro a largo plazo y, más importante aún, para la salvaguarda de vidas humanas. Este análisis no solo debería ser un ejercicio financiero, sino que debe tener en cuenta también el valor social de proteger a sus ciudadanos.

Finalmente, el impacto de la DANA en Valencia y los comentarios de expertos como Félix Francés deben convertirse en un impulso para iniciar un cambio profundo en nuestro enfoque hacia la gestión de desastres. No podemos permitir que el dolor y la destrucción que ha causado esta tragedia sean en vano. Es hora de reflexionar, aprender y actuar.

Debemos actuar colectivamente, reforzando la idea de que cada ciudadano tiene un papel que desempeñar. La presión hacia los responsables políticos, el apoyo a los voluntarios y la colaboración entre distintos niveles de gobierno son esenciales para construir un Estado que no solo gestione crisis, sino que se anticipe a ellas y empodere a su población.

En conclusión, la DANA en Valencia es un claro recordatorio de nuestras vulnerabilidades, y ante ello es vital que no perpetuemos una cultura de inacción y desidia. Necesitamos un Estado proactivo, un líder que escuche a los expertos y actúe antes de que las crisis se desaten. Es en esta capacidad de reacción anticipada donde reside la verdadera fortaleza de un Estado. El resto de Valencia y la Comunitat Valenciana, además de ayudar a las zonas afectadas, debemos trabajar, trabajar y trabajar para que la recuperación económica sea lo más rápida posible.

La historia nos observará; lo que hagamos (o dejemos de hacer) en este momento definirá no solo el presente, sino también el futuro. Estamos ante una oportunidad histórica para transformar el enfoque de políticas públicas, priorizando la prevención, la educación y la colaboración. La construcción de un Estado más fuerte, más unido y más resiliente depende de nuestras decisiones hoy.

¿Estamos dispuestos a hacer el cambio necesario? Es hora de actuar.