Culpables y no culpables de la DANA de la provincia de Valencia: responsabilidad más allá del momento

Las imágenes de la devastación que ha dejado la última DANA en la provincia de Valencia, el pasado 29 de octubre,  han vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda: la falta de previsión y la responsabilidad política en la gestión de fenómenos meteorológicos extremos. Como siempre, en medio de la catástrofe surgen las preguntas sobre quiénes son los culpables y quiénes no. La respuesta, lejos de ser sencilla, por mucho que algunos partidos quieren circunscribirla a la persona del presidente de la Generalitat, está matizada por décadas de decisiones –o la falta de ellas– en la planificación territorial y la prevención de inundaciones.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha sido criticado por su gestión de la crisis, en especial por la lentitud en la activación de medidas de emergencia y la falta de infraestructuras para mitigar los efectos de las lluvias torrenciales. Sin embargo, su papel debe contextualizarse. El 29 de octubre había decretada alerta roja, pero la famosa alarma lanzada a las 20.11 y las distintas versiones de las horas previas, han sido aprovechados por la izquierda para pedir su dimisión día sí, día también. La justicia está investigando respecto a responsabilidades penales, pero las políticas tienen otras dimensiones, complejas, compartidas, que incluyen a Mazón pero también a otros políticos con responsabilidades autonómicas y municipales, sin olvidar que si el Estado español hubiese hecho su trabajo respecto a la prevención, hoy no estaríamos lamentando la gravedad de la tragedia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado solidaridad con los afectados y ha prometido ayudas para la recuperación. Sin embargo, su papel previo a la DANA también es cuestionable. La administración central, bajo diferentes gobiernos, ha ignorado la ejecución de infraestructuras clave para prevenir inundaciones en la Comunitat Valenciana. Informes técnicos advertían del riesgo en barrancos y ríos, pero estas obras nunca se llevaron a cabo. Tanto el PSOE como el PP, que han gobernado España durante los últimos 40 años, han incumplido estas recomendaciones y han postergado las inversiones necesarias. A Pedro Sánchez se le recrimina, con razón, igual que a Mazón, que no haya pisado las zonas afectadas; para ser exactos, sólo una vez. La lentitud en el envío de recursos humanos los primeros días y la llegada de ayudas es responsabilidad del Gobierno de España y de la Unión Europea; cinco meses después numerosos municipios afectados, especialmente algunos como Paiporta o Catarroja, siguen devastados.

Compromís, que gobernó la Comunitat Valenciana junto al PSPV hasta hace casi dos años, tampoco dejó un legado de mejoras significativas en este ámbito. A pesar de haber tenido la oportunidad de presionar al PSOE a nivel nacional para ejecutar las obras de prevención, no lo hizo. En lugar de exigir soluciones concretas, se limitó a respaldar las políticas del gobierno central sin condicionar su apoyo a cambios estructurales reales. Alguna pregunta de Carles Mulet al respecto de las inversiones en obras hidráulicas, pero poco más; un cheque en blanco.

La administración central tiene una responsabilidad directa en la ejecución de obras hidráulicas de gran envergadura, muchas de ellas postergadas durante décadas. La Comunitat Valenciana es una de las regiones más vulnerables a las lluvias torrenciales -se han olvidado de las riadas de 1957 y 1982 y los fenómenos de gota fría en muchos otoños-, y sin embargo, las inversiones han sido insuficientes. Se ha priorizado la reconstrucción tras los desastres en lugar de la prevención, perpetuando un ciclo de emergencia y gasto ineficaz.

La indignación ciudadana contra Mazón ha sido inmediata, pero, ¿por qué no hubo la misma presión sobre los gobiernos anteriores? La falta de exigencia de la sociedad valenciana a sus gobernantes ha permitido que la DANA vuelva a causar estragos sin que las infraestructuras necesarias estén operativas. Además, el 29 de octubre ya había una alerta roja que advertía de la gravedad del fenómeno, lo que debería haber impulsado una mayor precaución tanto por parte de las autoridades como de la población. Siempre nos manifestamos cuando ya es tarde.

Los alcaldes de los municipios afectados han sido, en muchos casos, los primeros en responder y los que han dado la cara ante la ciudadanía. Son ellos quienes han gestionado los primeros momentos de la emergencia, muchas veces con recursos insuficientes y sin el apoyo necesario de las administraciones autonómica y estatal. En lugar de ser señalados, deberían ser escuchados, ya que son quienes mejor conocen las necesidades de sus municipios. Cierto es que no todos reaccionaron igual, a alguno le costó ponerse al frente de la catástrofe, pero qué podemos recriminar a dirigentes que vieron desaparecer vecinos, viviendas, comercios... sin que llegara más ayuda que la de los voluntarios en un primer momento.

La DANA ha vuelto a mostrar que la falta de previsión y la gestión ineficaz de los recursos públicos agravan los desastres naturales. Es fácil buscar culpables en el presente, pero la realidad es que las responsabilidades están repartidas en el tiempo y entre diferentes actores políticos y sociales.

La solución pasa por un compromiso real de todas las administraciones, independientemente de su color político, para ejecutar las obras necesarias y garantizar que la Comunitat Valenciana esté preparada para futuras DANAs. Y, sobre todo, por una ciudadanía que no espere a la próxima catástrofe para exigir lo que es su derecho: seguridad y planificación para un futuro menos vulnerable. Comprendo el dolor y la rabia de los damnificados, todo mi respeto hacia ellos.