Anticorrupción acusa al hermano de Ximo Puig de estafa y falsedad documental

La Fiscalía Anticorrupción atribuye al empresario Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig, y a su socio los delitos de estafa agravada y continuado de falsedad en documento mercantil, y pide al juzgado que inicie para esta causa la fase de procedimiento abreviado, previa al juicio oral.

En un escrito de 50 folios dirigido a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València firmado el pasado día 18 y al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía no considera, no obstante, constitutivos del delito del fraude de subvenciones algunos hechos atribuidos a Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover que, si bien suponen indicios de ello, como cantidades percibidas indebidamente, no superan los 120.000 euros y, conforme a la normativa penal aplicable, no suponen un delito sino una infracción administrativa.

En el texto, la fiscal, quien avanza que detallará más ampliamente los hechos más adelante, apunta además que procede ofrecer acciones a la Abogacía de la Generalitat Valenciana y a la Catalana en caso de que la instructora acepte la calificación del Ministerio Público, hecho que constaría un perjuicio económico para ambas administraciones.

La investigación judicial partió de una querella presentada por el PP y constan como investigados Francis Puig y el empresario y socio del anterior Juan Enrique Adell y las empresas Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat y Kriol.

En concreto se investigan, entre otros, subvenciones para el fomento del valenciano, para el fomento del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local, en unas ayudas que se habrían dado entre 2015 y 2018.

Estimando los recursos presentados por los investigados, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ordenó el 18 de abril de 2023 poner fin a la instrucción abierta por estos hechos, una vez finalizara la práctica de las diligencias de investigación acordadas dentro del plazo de instrucción.

El 25 de marzo de este año, el equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil remitió al juzgado instructor un informe -el último que ha salido a la luz- en el que se apuntaban varias supuestas irregularidades basadas en la presentación de facturas que no tendrían relación alguna o no se corresponderían con la actividad subvencionada por el anterior Consell del Botànic.

Ahora, en su escrito, Anticorrupción destaca que, en el caso de Comunicacions dels Ports, con Francis Puig de administrador, los informes de la Policía Judicial muestran la existencia de "facturas ciertas no subvencionables" (gastos no relacionados con la actividad objeto de la subvención o gastos no realizados, por ejemplo).

También hallan facturas con indicios de falsas (duplicadas, cruzadas entre las empresas socias, autofacturaciones, con falta de pago o no aportadas por el proveedor), lo que a juicio del juez podría ser constitutivo de falsedad en documento mercantil.

En Mas Mut Produccions, también administrada por Francis Puig, las irregularidades detectadas en su facturación permiten deducir, a juicio de la fiscal, "indicios suficientes" para considerar que se trata de "una sociedad instrumental creada con la única finalidad de obtener subvenciones".

Además, "su sede social puede considerarse ficticia" y su domicilio social en Teruel y con su actividad desarrollada en esa provincia harían que esta sociedad no reuniera los requisitos para ser beneficiaria de las subvenciones recibidas.

Por su parte, en la sociedad creada en 2006 Canal Maestrat y la empresa nacida en 2016 Kriol Produccions SL, ambas administradas por el socio de Francis Puig Juan Enrique Adell Bover, al igual que en las otras dos entidades investigadas, si bien hay indicios de fraude, tampoco constituiría delito sino una infracción administrativa, según concluye Fiscalía.

No obstante, como en el caso de Comunicacions dels Ports, el Ministerio Público detecta en Canal Maestrat falsedad documental en algunas de las facturas por "no auténticas" y, por tanto, indicios de que su objetivo era "aumentar la cantidad de subvenciones", lo que conllevaría la supuesta comisión del delito de falsedad documental.

Del mismo modo, considera que Kriol "podría ser considerada también como una empresa instrumental o ficticia por redundancia, identidad en el domicilio social, identidad de socios y administradores e idéntico objeto social", pero el cierre prematuro de esta empresa "impide deducir indicios suficientes que corroboren este extremo".