El expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana. EFE-Manuel Bruque-Archivo
Uno de los abogados defensores en el caso Erial, donde está procesado Eduardo Zaplana, ha cuestionado al magistrado de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia que ha sido designado como ponente y que, por tanto, es el responsable de redactar la sentencia, porque le denunció por un supuesto delito de cohecho en 1996, en un proceso que finalmente fue archivado.
Según han informado a EFE fuentes judiciales conocedoras de este hecho, el penalista valenciano Vicente Grima ha remitido un escrito a la referida sección para preguntar si es correcta la designación como ponente del magistrado José Manuel Megía Carmona, al que denunció.
El motivo de aquella denuncia fue que el letrado aseguró haber sido presionado por una persona que hablaba en nombre del juez para que aceptase dinero a cambio de una rebaja de pena para uno de sus defendidos.
La investigación por este supuesto delito de cohecho fue dirigida por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana pero finalmente se archivó por falta de indicios.
En el escrito remitido a la Sala, el letrado hace referencia a los "antecedentes de abstención" de este magistrado en asuntos en los que él intervenía, motivo por el cual pregunta si su reciente designación en la causa contra Zaplana -en la que Grima defiende a un empresario, sobrino de Juan Cotino- se debe a un error.
En una diligencia de ordenación, la secretaría de la Sala ha respondido al letrado que la designación de Megía se ha producido dentro del reparto de causas especiales -o complejas- ya previsto.
Por tanto, las mismas fuentes han explicado que ahora se abren varios escenarios, que pasan por la abstención voluntaria de esta magistrado y su sustitución por otro de la misma Sección Cuarta o bien que el abogado denunciante plantee su recusación.
Cabría también la posibilidad de que Megía Carmona se jubilase antes de que llegue a celebrarse el juicio, puesto que las fuentes consultadas han explicado que apenas le falta un mes para cumplir 70 años, si bien podría solicitar una prórroga hasta los 72, edad en la que la jubilación se ha de adoptar de forma forzosa.
El pasado mes de octubre, la Audiencia de Valencia ratificó la instrucción del caso Erial y el auto de apertura de juicio oral por el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana.
Están investigadas veinte personas, entre ellas los expresidentes de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia Cotino, además de colaboradores del expresident y exministro y otros empresarios.
