Muchos son los datos que indican una economÃa con indicadores positivos no
sólo en el 2024 sino en su proyección para este 2025: Tasa de crecimiento
interanual, incremento afiliados a la seguridad social, crecimiento renta
disponible bruta de hogares, tasa de ahorro en máximos históricos, descenso
eurÃbor a 12 meses, avance PIB, crecimiento demanda nacional frente a la del sector
exterior (con crecimiento de importaciones frente a exportaciones, asà como ligera
ralentización crecimiento de servicios turÃsticos). Datos que vienen a tener
simetrÃa en el crecimiento del empleo en sector servicios, en contra de otros
sectores en los que aún se mantiene por debajo de tasas previas a la pandemia como
son: el primario, la industria energética, la construcción y el relativo a
información y comunicaciones.
Y es que, si bien la tasa de inflación general se moderó, hay que tener
en cuenta que las Administraciones Públicas – AAPP- registraron un déficit
ligeramente inferior al del año anterior debido, casi exclusivamente, al
intenso incremento de recaudación y de las cotizaciones sociales. Afán
recaudatorio de las AAPP que, en el corto plazo, merma márgenes de empresas y
renta disponible de familias, desincentivan inversión privada y que, junto al estancamiento
de las exportaciones de bienes, al contexto de prórroga presupuestaria y a la
reticencia de los mercados a financiar la acumulación de deuda a nivel global, se
muestran como debilidad de la economÃa.
Debilidad azotada, en nuestra región, por el impacto de la DANA, donde
las zonas afectadas representan en torno al 1,7% del PIB nacional con
afectación por daños personales y materiales: 306.000 personas, 13.800 millones
de activos empresariales, 275.000 trabajadores (64.104 empresas y 33.000 trabajadores
en ERTE), 11.242 viviendas, 141.000 vehÃculos, kilómetros de carreteras y vÃas
ferroviarias, presas, infraestructuras tratamiento de agua potable y depuración
aguas residuales, infraestructuras energéticas, sin olvidar los daños a las
zonas medioambientales.
Expectativas polÃticas de recuperación casi exclusivamente centradas en
necesidades de inversión directa con una estimación de; en torno, 18.000
millones de euros, que se quedará corta…
Sin embargo, en ese análisis no se ha oÃdo hablar de costes que no sólo
estén asentados sobre polÃticas de apoyo monetario, sino también de polÃtica
fiscal que palÃen insolvencias y cierres, con incentivos y desgravaciones a
empresas y autónomos, en particular los afectados, a fin de que recuperen parte
de su capacidad económica y la necesidad de contratación de personas
trabajadoras bonificándose, esta, desde un aspecto fiscal en base a estÃmulos en
materia laboral, que bonifique la contratación de personal, con el fin de que
nadie quede atrás.
En conclusión, hablemos de recuperación en V en base a modelos no sólo
centrados en ayuda económica sino también en incentivos fiscales directos a
empresas y trabajadores autónomos, condicionadas al mantenimiento o incremento
del empleo, que generen certidumbres en todos y repercutan, positivamente, en
los márgenes de empresas y renta disponible de personas trabajadoras. Hoy se
necesita más que nunca.