La reciente publicación por parte de la Comisión Europea del proyecto de reglamento que propone cambiar los controles exhaustivos sobre la importación de productos ecológicos de alto riesgo preocupa al sector agrÃcola y a los ambientalistas. El debate en torno a esta decisión pone de manifiesto las crecientes tensiones en la polÃtica agrÃcola europea, que busca mantener un equilibrio entre sostenibilidad y competitividad en el mercado.
El proyecto sugiere eliminar el 100% de las regulaciones obligatorias para productos ecológicos de alto riesgo. Sin embargo, grupos como la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierten que dicho cambio podrÃa suponer riesgos para la seguridad alimentaria y la competitividad de los productores locales.
La Comisión Europea argumenta que reducir las inspecciones de la importación de productos de alto riesgo no afectará la eficacia del control y "evitarÃa incrementos indebidos de los costes… asà como el aumento de los precios finales de los productos ecológicos en la Unión", evitando, a su vez, "una reducción indebida del volumen y el valor del comercio entre los terceros paÃses de origen de los productos de alto riesgo y la Unión".
El hecho de que se deba utilizar el término "alto riesgo" implica probablemente que los productos contendrán algún nivel de contaminación cruzada o sustancias prohibidas por las regulaciones de la Unión Europea. Los controles hasta ahora son estrictos y obligatorios, lo que permite verificar todos los productos que entran al mercado europeo, asegurando asà al consumidor el respeto y cumplimiento de ciertos estándares de los productos ecológicos vendidos en Europa. La flexibilización de las regulaciones podrÃa reducir la confianza de los consumidores y tener consecuencias para su salud.
No es la primera vez que las decisiones de la Comisión Europea afectan la confianza del consumidor europeo. La incoherencia de ciertas polÃticas con respecto a los objetivos del Pacto Verde son fuentes de controversia, como en el caso de la Estrategia "De la granja a la mesa" y la fallida implementación del Nutri-Score. Este sistema de etiquetado se suponÃa que ayudarÃa al consumidor a tomar decisiones informadas para mejorar su dieta, pero generó desconfianza y polémica en el sector agroalimentario debido a las fallas en su algoritmo.
Tras la introducción del NutriScore en algunos mercados europeos, como el francés, el proyecto comenzó a recibir fuertes crÃticas. En paÃses como Grecia, Italia, España y Portugal, este modelo de etiquetado enfrentó una gran oposición debido a que penaliza productos locales que forman parte de la alimentación diaria de sus ciudadanos y de la producción nacional, tales como el aceite de oliva, el queso parmesano y otros alimentos que integran la dieta mediterránea. Además, expertos afirman que se trata de un sistema reduccionista al simplificar de manera excesiva la información nutricional de los productos, lo que podrÃa llevar a los consumidores a tomar decisiones basadas en información insuficiente. El fracaso de esta propuesta, al igual que el de otras polÃticas, evidencia la dificultad que enfrenta la Comisión Europea actualmente para encontrar un equilibrio entre las decisiones de salud pública y las polÃticas agroalimentarias.
Para sumar a la polémica sobre las importaciones, la Comisión Europea aprobó la importación de nuevos cultivos transgénicos de maÃz y algodón. La CE mencionó en un comunicado que "las decisiones de la Comisión autorizan únicamente la importación de estos cultivos genéticamente modificados para su uso en alimentos y piensos, pero no su cultivo en la UE".
La falta de consenso entre los Estados miembros facilitó el avance de esta autorización, evidenciando una vez más la división de opiniones dentro de la Comisión Europea sobre el uso de organismos genéticamente
modificados (OGM). La aprobación ha suscitado crÃticas en varios paÃses, incluyendo España, incrementando las preocupaciones ambientales y de seguridad alimentaria en torno a estos cultivos.
Si bien los defensores de los OGM sostienen que estos cultivos hacen que las plantaciones sean más resistentes a condiciones climáticas adversas, plagas y enfermedades, las inquietudes aumentan en el contexto del cambio climático, dado que estos organismos podrÃan tener un impacto irreversible en la biodiversidad.
Varios paÃses miembros ya cuentan con regulaciones que prohÃben o limitan el uso de cultivos genéticamente modificados. Sin embargo, esta medida surge en un contexto que parece indicar una renacionalización de las polÃticas agrÃcolas. La falta de acuerdo sobre la aprobación de cultivos genéticamente modificados, junto con los cambios en la gestión de los productos ecológicos, pone en duda la cohesión dentro de la Comisión Europea y la PolÃtica AgrÃcola Común (PAC).
Si bien la renacionalización de la PAC podrÃa aportar mayor flexibilidad y mejorar la producción según las necesidades especÃficas de cada región, también podrÃa poner en riesgo el modelo de sostenibilidad europeo. Las decisiones podrÃan priorizar la competitividad económica a corto plazo sobre el compromiso ambiental a largo plazo, lo que podrÃa generar desigualdad e inestabilidad en el mercado europeo. Los agricultores de ciertos paÃses podrÃan verse favorecidos dependiendo de las polÃticas aplicadas en cada nación, y los consumidores podrÃan estar expuestos a diferentes estándares de calidad y seguridad según el paÃs de origen.
Por el momento, la Comisión Europea insiste en que su intención es mantener una PAC coherente a nivel europeo. Permitir que cada paÃs establezca su propia polÃtica agrÃcola podrÃa tener un impacto negativo en los objetivos ambientales de la UE. Las decisiones adoptadas por la CE no solo parecen ir en contra de la homogeneidad del bloque; un cambio como el propuesto en las regulaciones de importación de productos de alto riesgo a nivel europeo podrÃa tener importantes consecuencias. Este tipo de modificaciones deberÃan considerar cuidadosamente los riesgos reales, dado que los OGM pueden tener efectos a largo plazo para la biodiversidad y la salud del consumidor.
