Un total de cinco peñas taurinas se han alzado contra la denegación del permiso para celebrar el bou embolat en la pedanías de Valencia, solicitado en el mes de abril, por parte del Ayuntamiento de la capital del Turia y la Generalitat Valenciana y han interpuesto sendos recursos contenciosos-administrativos contra las resoluciones de ambas administraciones, uno ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y otro al juzgado de primera instancia.
La Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana ha tomado esta decisión a instancias de la Asociación Peña Taurina el Carpesano, Peña Taurina el ferratge, Asociación Cultural Taurina L'Esquellot, Asociación Cultural Taurina Gent del Poble de Massarrojos y Amics del Bou de Benimámet.
Las resoluciones recurridas dictadas en fecha 22/04/2023 y 27/04/2023 por el Consistorio de la capital y la Generalitat respectivamente, se fundamentan en el acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Valencia de fecha 10 de junio de 2016, bajo el mandato del tripartito, que considera "maltrato animal" la modalidad de tauromaquia tradicional del bou embolat, que según la federación "es de gran raigambre en nuestra tierra y una de las favoritas de los ciudadanos valencianos aficionados a los bous".
La entidad ha puesto el asunto en manos del letrado Eduardo Breña y advierten de que "sin entrar en argumentaciones jurídicas, las resoluciones recurridas carecen de motivación, pues poseemos informes veterinarios que contradicen y desacreditan tan 'desafortunada calificación' de nuestra cultura y tradiciones".
A esto añaden que "nos encontramos ante un supuesto flagrante de agravio comparativo respecto de los cientos de municipios y pueblos de la Comunitat Valenciana en los que la Generalitat sí ha autorizado la celebración de bou embolat".
"Derechos constitucionales"
Para la Federación, "ni la afición valenciana, ni las peñas y asociaciones que la integran, merecen en modo alguno que las administraciones atropellen sus derechos constitucionales de libre acceso a la cultura, incumpliendo además el mandato legal de promover y proteger la Tauromaquia que establece la Ley 18/2013, reguladora de la Tauromaquia (en todas sus modalidades) como patrimonio cultural español".
De este modo, critican que "podrían haberse evitado éstas acciones judiciales de haberse procedido en su momento, por la oposición, que manifiesta ser pro taurina (PP y Vox), a impugnar el citado acuerdo de junta de gobierno".
En este sentido, señalan que "una vez más es la afición, el pueblo, el que debe defender los derechos y libertades individuales y colectivos garantizados por la constitución frente a decisiones de carácter ideológico y político, arbitrarias y que vulneran la legalidad, cercenando no sólo los derechos de quienes amamos los bous al carrer, sino el legado cultural que hemos recibido y que tenemos la obligación de conservar, fomentar y hacer respetar".
Esta es la primera vez que la federación actúa judicialmente en contra de estas resoluciones aunque ya existen precedente en los que el TSJ ha tumbado la prohibición como es el caso de Xirivella y Villena.