Ana Belén Montero es secretaria de Políticas Públicas y Protección Social y Rocío Pascual es secretaria de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO PV
Si convenimos que el acceso a una vivienda digna es uno de los elementos fundamentales de la inclusión social, y condición indispensable para prevenir la vulnerabilidad, resulta ilógico que garantizar este derecho esencial no sea una prioridad de cualquier gobierno.
El problema de emergencia habitacional está desgarrando a la población. Las acuciantes dificultades para afrontar los gastos de acceso o mantenimiento de una vivienda se suman a la falta de políticas públicas contundentes y a la ausencia de una intervención eficaz en el mercado. Esta inacción está desencadenando un fuerte conflicto social y generacional.
Se ha llegado a un punto crítico y exigimos a nuestros gobernantes que atiendan una necesidad estructural que afecta al conjunto de la clase trabajadora, largamente ignorada. Una demanda que está movilizando a miles de personas cada vez más enojadas, que ya no admitimos promesas, sino que pedimos respuestas y soluciones urgentes por parte de aquellas en quienes hemos depositado nuestra confianza.
El pasado 13 de octubre miles de personas salieron a las calles en Madrid y este sábado 19 lo haremos en el País Valenciano para expresar nuestro malestar. Personas cansadas de aguantar que no se lleven a cabo políticas que resuelvan esta grave situación. Entre ellas, volveremos a ver a jóvenes denunciando las bajas cifras de emancipación, en un contexto en el que el salario medio apenas roza el SMI y el precio medio del alquiler en el País Valenciano es de 972€ al mes.
Estamos ante uno de los grandes desafíos colectivos, no podemos seguir cerrando los ojos al despropósito de que más de la mitad de un salario se vaya en vivienda, a las prácticas especulativas, a que se prioricen políticas inmobiliarias frente las políticas sociales, a que se siga considerando la vivienda como un bien de consumo e inversión antes que como un derecho humano.
Exigimos poner límites a unos precios desorbitados que imposibilitan acceder a una vivienda o pagar el alquiler sin arruinarse. Reclamamos poner freno a la proliferación de viviendas turísticas que niegan una mayor oferta de uso residencial. Necesitamos que las ayudas estructurales al alquiler no se nieguen por falta de financiación. Queremos una oferta suficiente de parque público. Pedimos programas de rehabilitación para que gran parte del casi medio millón de viviendas vacías en nuestra comunidad puedan destinarse a alquiler asequible.
Las soluciones del Consell no pueden consistir en paralizar la aplicación de la Ley estatal de vivienda; resistirse a declarar zonas tensionadas; o impedir la bajada de precios de los alquileres a la vez que suben los precios de la vivienda pública protegida y se descalifica, facilitando el trasvase de recursos públicos a manos privadas.
Tampoco el anuncio de los 200 millones para el bono joven del alquiler del Gobierno central es la solución. Primero porque es totalmente insuficiente y apenas llega a un 1% de las personas jóvenes. Segundo porque este tipo de ayudas, sin otro tipo de medidas más contundentes, solo van a suponer un traspaso de dinero público a manos de caseros, que terminarán lucrándose más y subiendo los precios.
La mayor obligación que tienen las instituciones es proteger a la infancia y a las personas más vulnerables de situaciones de precariedad, infravivienda, malas condiciones de habitabilidad, desarraigo, etc. La vivienda es un pilar fundamental en su desarrollo personal y estabilidad emocional que no podemos desatender. Es inadmisible que se siga obligando a las personas a abandonar sus casas con desahucios encubiertos por no poder asumir la subida de precios.
Exigimos un sistema de bienestar social que arrope, acompañe y proteja a las familias que se enfrentan a situaciones de emergencia habitacional. Desarrollar políticas públicas sólidas para afrontar los problemas de la población no solo reduce la desigualdad, genera confianza en la política como instrumento capaz de transformar la realidad. Paralizarlas puede ser un foco de conflicto y malestar en una población desbordada que saldrá a la calle para ser escuchada, para reclamar justicia social y denunciar que sus gobernantes siguen sin haber entendido nada.
