Carlos Mazón. EPDALa DANA del 29 de octubre de 2024 dejó en la Comunitta Valenciana un rastro de devastación y, sobre todo, muchas preguntas sin responder. La gestión de la crisis ha puesto en el punto de mira al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que enfrenta una creciente presión política y social. Mientras la oposición exige explicaciones y algunos sectores piden su dimisión, las dudas sobre la falta de prevención y la inacción administrativa en materia hidráulica han convertido este episodio en una tormenta política de gran calado. Valencia acogió el sábado la quinta manifestación pidiendo su dimisión, con representación mayoritariamente de colectivos de izquierdas. La ira comprensible de los damnificados, especialmente de los familiares de alguna de las 224 personas fallecidas y las tres desaparecidas, acrecienta la presión para que Mazón dé un paso atrás. Sin embargo, él reitera que se debe a la reconstrucción. Pero, ¿es el único responsable o la cabeza de turco que pide la izquierda para que caiga el gobierno autonómico y tener ventaja electoral?
Uno de los puntos clave del debate es la ausencia de infraestructuras hidráulicas adecuadas en ríos y barrancos clave, como el barranco del Poyo y la rambla de la Saleta. Durante años, expertos han advertido del riesgo que suponen estas zonas ante episodios de lluvias torrenciales, pero las administraciones han retrasado o paralizado proyectos fundamentales. Con informes técnicos desde hace décadas, es el Gobierno de España el máximo responsable de no haber acometido las obras reivindicadas y proyectadas y que hubiesen minimizado el impacto de la 'barrancà'. ¿Incluirá la jueza que investiga lo ocurrido aquel día la inacción en la reclamada prevención?
El barranco del Poyo, que atraviesa municipios como Paiporta, ha sido protagonista de numerosas inundaciones en las últimas décadas. Sin embargo, las actuaciones para mejorar su capacidad de drenaje han sido mínimas. Lo mismo ocurre con la rambla de la Saleta, que desborda con facilidad en episodios de lluvias intensas a su paso por Aldaia. La pregunta es inevitable: ¿por qué no se ejecutaron las obras necesarias para minimizar los daños de la DANA?
La responsabilidad en este punto no recae exclusivamente en el gobierno de Mazón, ya que muchas de estas infraestructuras dependen del Estado o de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Sin embargo, su ejecutivo ha heredado un problema estructural sin haber mostrado una estrategia clara para solucionarlo, algo que ahora le pasa factura.
Otra reflexión para el futuro: ¿por qué hay construcciones en zonas inundables, permitidas durante décadas?
Otro de los aspectos más polémicos ha sido la reacción de la Generalitat y los ayuntamientos ante la DANA. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) decretó la alerta roja con días de antelación, advirtiendo de lluvias torrenciales que podían superar los 200 litros por metro cuadrado en pocas horas. Ante este aviso, muchas voces se preguntan si se tomaron todas las medidas de prevención necesarias, pero no sólo la Generalitat, sino también otras administraciones. De hecho, algunos Ayuntamientos suspendieron las clases de los colegios e institutos, mientras otros no; igualmente, algunas empresas mandaron a sus empleados a casa y otras, como Mercadona, no, por ejemplo.
Varios municipios afectados no activaron con la suficiente antelación sus protocolos de emergencia, lo que provocó que los ciudadanos quedaran expuestos al temporal sin la preparación adecuada. Empresas, colegios e infraestructuras críticas continuaron su actividad con normalidad hasta que la situación se volvió incontrolable, lo que llevó a numerosos rescates de personas atrapadas en sus vehículos o viviendas.
La Generalitat tampoco impuso medidas más restrictivas en las horas previas al temporal, como suspender la actividad en áreas especialmente vulnerables o reforzar los servicios de emergencias en los puntos críticos. En este contexto, la falta de previsión ha sido una de las críticas más contundentes hacia el gobierno de Mazón, más allá de la alerta recibida en el móvil a las 20.11 horas, cuando miles de personas estaban ya atrapadas y con el agua al cuello.
Uno de los organismos que ha quedado en entredicho tras la DANA es la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), encargada de la gestión de los ríos y embalses en la Comunitat Valenciana. Según han denunciado varios alcaldes y responsables municipales, la información sobre el estado de los cauces y la gestión de los embalses no fluyó con la rapidez y claridad necesarias.
En episodios de lluvias extremas, la coordinación entre la CHJ, los ayuntamientos y la Generalitat es fundamental para evitar desbordamientos y gestionar de manera eficiente la evacuación del agua. Sin embargo, en esta ocasión, varios municipios han señalado que no recibieron datos actualizados a tiempo, lo que impidió tomar decisiones más eficaces para mitigar los daños.
La confusión en la gestión de los embalses ha sido otra de las cuestiones polémicas. En algunos casos, los desembalses preventivos no se realizaron con la anticipación suficiente, lo que aumentó el riesgo de desbordamientos cuando las lluvias alcanzaron su punto álgido. Esto ha reabierto el debate sobre si las confederaciones hidrográficas cuentan con los recursos y protocolos adecuados para gestionar episodios meteorológicos extremos en el actual contexto de cambio climático.
Toda esta situación ha derivado en un creciente malestar político. Desde la oposición, partidos como el PSPV y Compromís han exigido responsabilidades a Mazón, argumentando que su gobierno no actuó con la diligencia necesaria ante una crisis anunciada con días de antelación. Aunque la petición de dimisión de Mazón aún no es un clamor generalizado, la presión va en aumento. Su gobierno ha intentado defenderse señalando que las competencias en materia hidráulica están repartidas entre distintas administraciones y que la Generalitat hizo todo lo posible con los recursos disponibles. Sin embargo, la crisis ha evidenciado carencias en la coordinación entre organismos y una falta de inversión en infraestructuras clave. Mazón está en la diana por las diversas explicaciones que ha dado de dónde estaba en las horas críticas y de su llegada al CECOPI.
Más allá del debate político, la DANA del 29 de octubre deja una lección clara: la Comunitat Valenciana sigue sin estar preparada para afrontar fenómenos meteorológicos extremos.
El cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales en el Mediterráneo, lo que hace urgente una estrategia integral de prevención. Esto pasa por acelerar la construcción de infraestructuras hidráulicas, mejorar los protocolos de emergencia y garantizar una comunicación eficaz entre todas las administraciones implicadas.
El reto para Mazón no es solo resistir la presión política actual, sino demostrar que su gobierno es capaz de aprender de esta crisis y tomar medidas efectivas para evitar que se repita en el futuro. Si no lo hace, la próxima gran tormenta no solo será meteorológica, sino también política. ¿Resistirá?
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