Mazón, en una imagen de archivo. ANA GAUSACHUna política llena de gestos, simbología y metáforas. Así ha arrancado el nuevo curso el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que en sus meses en el cargo, desde su investidura el pasado 13 de julio, ha acelerado todas aquellas políticas dirigidas principalmente a contentar a su electorado y cumplir con algunas de las promesas electorales más relevantes. Y es que, pese al escaso margen de tiempo que le ha brindado las vacaciones de agosto, el nuevo Consell ha conseguido sacar adelante, o al menos anunciar, diferentes medidas de peso.
La bajada de impuestos era un emblema de la campaña del Partido Popular para el 28M. Y concretamente, dentro de esta revolución fiscal, los de centro-derecha ya tenían claro su principal enemigo económico, sucesiones y donaciones. Este mismo septiembre ha salido adelante el anteproyecto de ley que permitirá aplicar la bonificación del 99% sobre el impuesto de Sucesiones y Donaciones, y tendrá carácter retroactivo hasta las pasadas elecciones autonómicas del 28 de mayo. No es la única gran medida directa sobre fiscalidad. Pues el Consell ya ha anunciado toda una serie de nuevas deducciones fiscales para 2024 que van desde los gastos del gimnasio al psiquiatra, pasando por la compra de gafas o gastos bucodentales.
Educación ha sido sin duda el área con mayores controversias desde el inicio de curso. El caos en las adjudicaciones y los problemas con el transporte escolar han sido las primeras grandes crisis abiertas en los departamentos autonómicos. No obstante, han habido dos medidas de peso en el arranque de la legislatura, la primera la modificación de los horarios de la ESO para recuperar las dos horas lectivas que recortó el Botànic. Una decisión que ha contado con el aplauso de las familias y asociaciones de padres y madres, pero las fuertes críticas de los sindicatos de profesores. Esta medida se suma a la aprobación del decreto que fija los precios establecidos para el curso universitario 2023-2024 y que mantiene estas tasas congeladas un ejercicio más.
Los líos con el valenciano también han marcado los primeros días del nuevo Consell, especialmente debido a la alianza con sus socios de ultraderecha. Por ello, Carlos Mazón, se reunió con la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verónica Cantó, a la que pidió "gestos" para que todos los valencianos se sientan representados por la institución normativa y con el objetivo de abrir una "nueva etapa" de "concordia". Su objetivo: limar asperezas con la AVL y acercarla algo más a las normativas de la RACV.
En plena temporada estival, la mejor de su historia para la Comunitat, el jefe del Consell ha sacado adelante dos grandes medidas en esta área. La primera de ellas la eliminación de la tasa turística, una medida anunciada para el año 2024 por el Botànic y cuya puesta en marcha ya está descartada. Sí que se mantiene el Bono Viaje, que lanzó una nueva convocatoria en el mes de septiembre y que está previsto siga los próximos años, eso sí con modificaciones ante la nueva realidad postpandemia.
El recorte de los asesores y la composición del Consell también ha sido una medida clave para que Mazón cumpla la promesa electoral de reducir los cargos a dedo. De esta manera, el gobierno autonómico busca tener menos altos cargos que en la época del tripartito de izquierdas. Los consellers son nueve, más el propio Mazón. Asimismo se ha aprobado un recorte del 47% en el número de asesores (una cifra muy cercana al 50% prometido en campaña) con respecto al segundo Botànic, que disponía en la pasada legislatura de 116 asesores.
La política de vivienda de Mazón pretende "plantar cara" a la ley impulsada por el gobierno nacional. En esta línea su primer anuncio en este sentido ha sido la creación de una nueva ley "que refuerce la competencia exclusiva de nuestra Comunitat en materia de vivienda", así como la puesta en marcha de un Plan VIVE con el compromiso de "al menos 10.000 viviendas" de protección oficial en la Comunitat Valenciana. Asimismo, se reducirá el impuesto de transmisiones patrimoniales entre los jóvenes, las mujeres maltratadas y también en las viviendas VPO.
En materia de agua la Generalitat Valenciana se propone recurrir judicialmente los últimos recortes de 20 a 15 hm3 en los envíos del trasvase Tajo-Segura. Del mismo modo, se ha anunciado la creación de la Mesa del Agua de la Comunitat Valenciana para analizar las necesidades del territorio.
