Una persona cruza una calle en silla de ruedas. EFE-Archivo
En la Comunitat Valenciana viven 129.800 personas con un grado de discapacidad superior al 33 % y en edad de trabajar que no están activas laboralmente, un dato que implica estar lejos aún de una sociedad plenamente inclusiva.
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, así lo ha manifestado durante la presentación del informe "Personas con Discapacidad y Empleo Público en la Generalitat Valenciana", que revela que la Administración autonómica no es ajena a esta inclusión.
De las 162.482 personas que conforman el sector público valenciano, el 2,76 % (4.490) cuenta con algún grado de discapacidad reconocida.
Estos datos reflejan que "no hemos sido capaces de trasladar la diversidad" a la Administración, según Bravo, que ha abogado por trabajar más para cumplir con los objetivos de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 que propone que la cuota de presencia de personas con discapacidad entre las plantillas públicas sea proporcional al porcentaje de población con discapacidad activa.
Para la consellera, "estamos todavía lejos de lo que debería ser una sociedad plenamente inclusiva que no sólo integra a todos sus miembros conforme a sus habilidades y circunstancias, sino que, además, no va a malograr todo ese capital humano que beneficia a todos y todas".
La consellera ha reclamado una reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término "disminuido" con el que se refiere a las personas con diversidad funcional y para corregir el "espíritu paternalista que reduce a la persona con discapacidad a una mera receptora de asistencia y ayuda cuando son ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos que el resto y a quienes el entorno dificulta el disfrute de esos derechos y libertades".
Entre las recomendaciones del informe, está la necesidad de elaborar un reglamento que regule el empleo público para las personas con discapacidad, y la redacción de una guía de buenas prácticas para la preparación, convocatoria y desarrollo de las pruebas selectivas.
Asimismo, se recomienda la mejora de la difusión de los procesos con campañas de publicidad específicas; la incorporación a los baremos de méritos del conocimiento de las lenguas de signos o la puesta en marcha de planes de formación dirigidos tanto a las personas con diversidad funcional como a sus futuros compañeros de trabajo.
La consellera ha recordado que la nueva Ley de Función Pública que se aprobó hace ahora un año incorpora elevar el porcentaje de reserva de plazas para personas con diversidad funcional del 7 al 10 %.
"Ningún talento puede ser desperdiciado, y con más razón todavía en el sector público donde las personas con discapacidad pueden aportar a los equipos muchas y valiosas habilidades a poco que se corrijan las circunstancias que impiden su pleno desarrollo profesional", ha señalado.
El informe ha sido coordinado por la Secretaría Autonómica de Justicia y han participado la Dirección General de Función Pública y de Relaciones con la Justicia, la de Diversidad Funcional de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la de Personal Docente de la Conselleria de Educación, la de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad, el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI).
