Varias personas descansan en un parque de Sedaví, Valencia. EFE- Ana Escobar
El 29 de octubre de 2024, la provincia de Valencia fue devastada por una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) -barrancada/riada- que dejó a más de 70 municipios afectados, causando 227 fallecidos, estragos materiales, y también profundos daños psicosociales en la población. El impacto inmediato de esta tragedia climática se vio en la infraestructura, pero, sin lugar a dudas, las consecuencias a largo plazo en la salud mental son igual de preocupantes. Sin embargo, a pesar de la magnitud del desastre, tanto el gobierno central como la Generalitat han fracasado estrepitosamente en la implementación de un plan de choque real y efectivo para abordar esta crisis de salud mental. Muchas personas salen a manifestarse para pedir responsabilidades políticas, pero ¿y las exigencias de acciones inmediatas en infraestructuras, ayudas económicas y también en la imprescindible terapia psicológica?
Expertos en psicología han señalado que los efectos de eventos traumáticos como la DANA no solo se sienten de manera inmediata, sino que pueden perdurar durante meses e incluso años. Según el psicólogo valenciano Enric Valls, como se recoge aquí https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias-amp/los-problemas-de-salud-mental-entre-tres-y-seis-meses-despues-de-la-dana/354979 , los problemas de salud mental suelen manifestarse entre tres y seis meses después de un desastre de esta naturaleza. Esta información debería haber encendido las alarmas en las administraciones competentes, quienes tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de sus ciudadanos en momentos de crisis.
Hasta ahora, el silencio ha sido ensordecedor. Las autoridades han anunciado ayudas económicas y reparaciones materiales, pero la salud mental no ha ocupado un lugar prioritario en la agenda pública. Es una epidemia invisible que impide rehacer las vidas y ser felices. La falta de medidas para proporcionar asistencia psicológica inmediata a los afectados es lamentable y refleja una profunda desconexión entre las necesidades de la población y las respuestas de las instituciones. La salud mental debe ser abordada de manera integral; ignorar este aspecto es condenar a miles de personas a enfrentar la recuperación en soledad.
La conexión entre devastaciones físicas y traumas emocionales es innegable. Las víctimas que han perdido casas, medios de vida y seres queridos se enfrentan a un vacío emocional que puede desencadenar en ansiedad, depresión y otros trastornos mentales. No podemos permitir que este aspecto sea una mera estadística; son seres humanos, con historias y sueños que han sido truncados por un fenómeno natural.
Además, la pandemia de COVID-19 ya había dejado al descubierto las carencias en los sistemas de salud mental en España. La atención psicológica fue insuficiente durante aquellos momentos críticos, y ahora, tras la DANA, podría repetirse la misma historia. Si el gobierno y la Generalitat asumieran su rol de manera efectiva, podrían establecer programas de apoyo psicosocial, centros de atención temporal, y campañas de sensibilización sobre la importancia de cuidar la salud mental tras situaciones traumáticas.
Es fundamental que la ciudadanía levante su voz y exija a las autoridades un compromiso real para abordar esta crisis de salud mental. Es hora de que las declaraciones vacías se traduzcan en acciones concretas y medibles. Una respuesta adecuada a la crisis posterior a la DANA debe ser una prioridad en la agenda política.
En conclusión, el tiempo está corriendo y cada día que pasa sin un plan de choque integral por parte del gobierno central y la Generalitat agrava la situación. Es perentorio que se tomen medidas urgentes para proteger el bienestar psicológico de una población que, más que nunca, necesita de su apoyo. La falta de acción no solo es irresponsable, sino que puede tener consecuencias devastadoras para las comunidades afectadas en el futuro.
