La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que afectó especialmente a la provincia de Valencia, ha dejado tras de sí no solo devastación material, sino un profundo rastro de indignación y desilusión entre aquellos que sufrieron sus estragos. En un momento en que la solidaridad y la responsabilidad deberían prevalecer, el Gobierno español y la Unión Europea han demostrado una lamentable lentitud en la movilización de ayudas a las comunidades afectadas.
Esta situación no solo es preocupante, sino que plantea interrogantes sobre la capacidad de nuestros líderes para responder a crisis que afectan a miles de ciudadanos.
Desde la catástrofe, hemos sido testigos de la admirable respuesta de ciudadanos voluntarios de toda España y empresarios como Juan Roig, el fundador de Mercadona, y Amancio Ortega, el creador de Inditex. Estos líderes empresariales, con sus respectivas fundaciones, han demostrado ser un faro de esperanza en medio de la tormenta, facilitando ayudas inmediatas y recursos para los afectados, que en muchos casos ya han cobrado. La iniciativa de estos hombres, junto con la de miles de voluntarios que han trabajado incansablemente para recoger donaciones, distribuir alimentos, y ofrecer apoyo emocional y material, es un testimonio de la solidaridad nacional que debería ser un ejemplo a seguir para nuestras instituciones. Estas, sin embargo, no han estado a la altura ni antes de la tragedia (ni hicieron las obras proyectadas en el barranco del Poyo o el de la Saleta, en Aldaia, que costaban sólo 200 millones), ni después, con una lamentable descoordinación e insoportable lentitud en la reconstrucción.
Sin embargo, la situación se torna más sombría al comparar estas iniciativas espontáneas con la tardanza del gobierno para formular y ejecutar planes de ayuda. Dos meses después de la DANA, basta patear las calle de sus municipios para escuchar la indignación de miles de damnificados para hacerse oír entre políticos que parecen olvidar a los más vulnerables. Es inevitable sentir que el Estado, que debería ser un pilar en tiempos de incertidumbre, no está a la altura de las circunstancias. La ausencia de un plan de acción claro, la falta de seguimiento a las promesas de compensaciones y la burocracia que rodea la gestión de estas crisis solo agravan el sufrimiento de aquellos que han perdido todo. Por no hablar del impacto psicológico que es y será terrible.
Este desinterés, o al menos esta lentitud alarmante, es compartido por la Unión Europea. Mientras los ciudadanos requieren una respuesta unificada y eficaz, la percepción ha sido que Bruselas ha permanecido a la espera, mirando desde la distancia. Unas palabras iniciales de aliento de Von der Leyen, pero 'de forment ni un gra'. Existen fondos disponibles para desastres naturales, pero el acceso a estos parece estar plagado de obstáculos administrativos que sólo añaden confusión e impaciencia. La falta de agilidad en la provisión de fondos y la carencia de una coordinación efectiva entre los gobiernos nacionales y europeos son una señal preocupante para una institución que se promueve como un bastión de solidaridad y apoyo ante crisis humanitarias.
Las situaciones de emergencia deberían provocar una reacción inmediata y efectiva. Sin embargo, lo que hemos visto en esta ocasión es un claro ejemplo de que las prioridades de nuestros líderes no están alineadas con las necesidades urgentes de la población. La burocracia y la falta de liderazgo han calado tanto en la estructura gubernamental que desemboca en un vacío de acción, dejando a las autoridades locales y a la sociedad civil en una lucha solitaria por mitigar las secuelas del desastre.
Este escenario es alarmante no solo por lo que representa en términos de respuesta a emergencias, sino también porque pone en duda la capacidad de nuestros gobiernos y de la UE para gestionar situaciones que requieren una velocidad y una altura de miras que, lastimosamente, parecen no estar presentes. Los afectados por la DANA han pagado un precio que no deberían haber tenido que afrontar: la pérdida de bienes, la incertidumbre sobre su futuro y la frustración de sentir que sus necesidades no son una prioridad. Y 223 muertos. 223 familias destrozadas porque no funcionó el protocolo y porque nadie hizo su trabajo de prevención después de dos tragedias históricas en Valencia: la riada de 1957 y la 'pantanà' de Tous de 1982.
La desesperanza y la impotencia son sentimientos que se agravan en cada conversación con aquellos que aún esperan respuestas y asistencia. Cada nueva visita a las zonas afectadas, cada nuevo gesto de solidaridad de la ciudadanía, pone en relieve la falta de acción gubernamental y europea. Estas experiencias son un recordatorio del papel crucial que juega el gobierno: velar por el bienestar de sus ciudadanos y, en tiempos de crisis, ser una fuente inagotable de apoyo y recursos.
Los ejemplos de Juan Roig y Amancio Ortega son solo dos de muchas historias que reflejan un mismo patrón: en ausencia de una respuesta estructural adecuada, son los individuos y las comunidades quienes se esfuerzan por ayudar a los demás. 'El pueblo salva al pueblo'. Las empresas y los ciudadanos muestran una disponibilidad que contrasta con la inacción de los organismos encargados de proteger y servir a la población. Hay una necesidad apremiante de revaluar la forma en que gestionamos las crisis y la manera en que los líderes pueden involucrarse en la solución de los problemas.
El sufrimiento de quienes perdieron sus hogares y pertenencias en la DANA no puede quedar relegado a la indiferencia. Necesitamos un compromiso real por parte de nuestras instituciones para que estas situaciones no se repitan y se tomen como un aprendizaje para el futuro. La ineficacia actual pone en evidencia la necesidad de revisar tanto la estructura administrativa del gobierno español como el funcionamiento de la burocracia europea.
En conclusión, lo que está en juego es el bienestar de nuestros ciudadanos, su sentido de seguridad y la confianza que depositan en las instituciones que deben protegerlos. Es fundamental que el Estado y la Unión Europea actúen con mayor celeridad y compromiso. La inacción ante la crisis causada por la DANA es inadmisible. El compromiso moral hacia nuestros conciudadanos debe traducirse en acciones efectivas para reparar viviendas, infraestructuras, comercios y empresas y la actitud de aquellos que no han sido capaces de prestar ayuda en el momento crucial revela una falta de conexión con la realidad de los ciudadanos. La ciudadanía ha respondido, ha estado a la altura, pero lamentablemente, hasta ahora, el Estado no lo ha estado. La Unión Europea tampoco.
