Varios jóvenes debaten sentados en una plaza. EFE- Nahia Peciña-Archivo
La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía de España con menos personas jóvenes (de 16 a 30 años) emancipadas, un 13,4 %, solo por debajo de Cantabria, con una cifra menor a la media nacional, que asciende al 15,9 %.
Son datos que recoge el informe del Observatorio de Emancipación Juvenil de la Comunitat Valenciana relativo al primer semestre de 2022, que han presentado este jueves la vicepresidenta del Consell Valencià de la Joventut, Esther Martínez, y la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea G. Henry.
Aunque la tasa de emancipación juvenil en la Comunitat Valenciana ha mejorado respecto al último semestre de 2021, cuando esta cifra se situaba en el 11,8 %, se mantiene por debajo de la práctica totalidad de comunidades autónomas, algo que Esther Martínez explica en dos variables: el empleo y el acceso a la vivienda.
El 51,7 % de los jóvenes emancipados vive de alquiler y, de estos, el 35,5 % lo hace compartiendo piso, fruto de la subida de los precios del alquiler.
Por otra parte, el 16,7 % de los que viven fuera de la casa familiar lo hace en viviendas propias pero sin hipotecas pendientes de pago, es decir, en pisos heredados o donados por la familia, y otro 14,8 % de los emancipados vive en casas cedidas por familiares.
Para acceder a un alquiler de una vivienda completa, una persona menor de 29 años debe destinar, según las cifras del Consell de la Joventut, un 72,3 % de su salario a pagar el alquiler, mientras que si lo hace compartiendo piso, esa cifra ronda el 37,6 %, en ambos casos por encima de la recomendación del Banco de España de no destinar a este fin más de un 30 % del sueldo.
En el caso de que tuviera una hipoteca, un joven tendría que destinar al pago de la cuota mensual de esta un 46 % de su salario, un porcentaje más bajo que en las viviendas de alquiler, pero al que se suma una "barrera" de acceso añadida: el depósito inicial a pagar ronda los 37.500 euros de media.
A este hecho se suma que la inflación ha provocado una subida de los precios del alquiler de un 11,84 % y de las viviendas para la compraventa de un 5,69 % en la Comunitat.
En concreto, el informe cifra la pérdida de poder adquisitivo de la juventud valenciana en un 5,04 % en un año, fruto de la subida de precios y de un aumento de salarios que se ha producido en menor proporción.
En cuanto a los ingresos de los que disponen para destinar a vivienda y a otros fines, el estudio muestra que el salario medio de las personas jóvenes en la Comunitat Valenciana es de 805,88 euros al mes.
Es una cifra que está por debajo de la media de España y del salario mínimo interprofesional, lo que se debe, sobre todo, a que muchos jóvenes, el 28,1 %, trabajan a tiempo parcial y, de entre estos, un 50,8 % lo hace de forma involuntaria y preferiría una jornada completa.
Por lo que respecta a la subocupación, es decir, la cifra de personas que trabajan menos horas de las que querrían o podrían, asciende al 16,7 %, mientras que el 44,5 % de la población joven valenciana está sobrecualificada para su puesto de trabajo.
Además, la antigüedad media de los jóvenes en sus puestos de trabajo es de 22 meses, una cifra "muy baja", según Martínez, que prevé que la Reforma Laboral ataje este problema, si bien "lleva muy poco tiempo" como para observar sus efectos.
La presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea G. Henry, ha considerado "insostenible" la situación de la juventud en un momento en que la edad media de emancipación nacional es de 29,7 años para mudarse en solitario.
"Nos hemos cansado de escuchar que somos 'ninis', pero la realidad es que solo el 1,6 % de los jóvenes españoles no estudia ni trabaja, mientras que el 34 % somos 'sisis', es decir, que estudiamos y trabajamos a la vez", ha apuntado.
Por ello, ha considerado que "lo que no puede ser es que solo se habla de juventud en precampaña", cuando este colectivo ha sido "el más afectado por la crisis de 2008, la del covid y la inflación" y cuando "ser joven en España es sinónimo de precariedad e inestabilidad".
En este sentido, la vicepresidenta del Consell Valencià de la Joventut, Esther Martínez, ha reclamado medidas "estructurales" que vayan más allá de algunas ya adoptadas como el bono de alquiler joven.
Entre sus reivindicaciones, ha apostado por regular el precio de la vivienda, aumentar el parque público, subir el salario mínimo interprofesional o prohibir las prácticas no remuneradas.
A su juicio, no hacerlo tendría consecuencias económicas, sociales, y también emocionales porque, ha concluido, la incertidumbre económica está "entre los principales factores de los problemas de salud mental en la juventud".
