El conseller de Educació, Universitats y Ocupació, José Antonio Rovira, responde a una pregunta de la oposición durante el pleno de Les Corts Valencianes. Archivo-EFE-Biel Aliño
El Gobierno del Estado discrepa de tres apartados de la ley de la Generalitat que regula la libertad educativa, por lo que se están llevando a cabo negociaciones en la comisión bilateral entre ambas Administraciones que eviten un recurso de inconstitucionalidad.
En concreto, el Gobierno central discrepa del artículo 14 de la ley aprobada el pasado 27 de junio por el PP y Vox en Les Corts Valencianes, referido a la exención de la evaluación y calificación del valenciano para el alumnado de zonas de predominio lingüístico castellano que lo soliciten.
Tampoco comparte el contenido de la disposición adicional primera, sobre la educación plurilingüe en las enseñanzas de Formación Profesional, Formación de Personas Adultas y enseñanzas de régimen especial, según el cual la Conselleria determinará los supuestos de exención de evaluación del valenciano a personas que no lo hayan cursado con anterioridad.
En tercer lugar, discrepa del contenido de la disposición adicional cuarta de esta ley, que regula situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado y permite que el funcionariado de otras comunidades que pida una comisión de servicios en la Comunitat pueda obtenerla durante cuatro años sin acreditar conocimiento del valenciano.
Según la resolución del pasado 12 de agosto y que publican este miércoles tanto el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana como el Boletín Oficial del Estado, la comisión bilateral de cooperación Administración General del Estado-Generalitat ha acordado designar un grupo de trabajo que proponga una solución a estas discrepancias.
Los recursos de inconstitucionalidad se pueden presentar en el plazo de tres meses desde la publicación de una ley, plazo que se amplía a nueve meses en el caso del Gobierno o las comunidades autónomas si se reúne la comisión bilateral para intentar un acuerdo mediante la modificación de contenidos de la norma que evite la interposición del recurso.
Por su parte, Compromís ha anunciado que 50 diputados del Congreso llevarán este miércoles al Tribunal Constitucional esta ley educativa, ya que un informe jurídico encargado por la coalición afirma que incumple 28 artículos de leyes superiores, como la Constitución, la ley educativa estatal o el Estatut d'Autonomía.
Esta ley educativa deroga la ley de Plurilingüismo de 2018 para volver al modelo de las dos líneas (valenciano y castellano), permite la exención de la evaluación y calificación del valenciano en las zonas castellanohablantes y elimina el requisito lingüístico del profesorado en enseñanzas de formación profesional y régimen especial.
