La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha avanzado este viernes que si su partido forma gobierno tras las próximas elecciones autonómicas del 28-A cerrara la Agencia Antifraude.
Muy mala la noticia y un error mayúsculo, de bulto dirÃa yo, de un desconocimiento absoluto de cómo se lucha contra la delincuencia en nuestras instituciones públicas y organizaciones análogas, porque, no olvidemos que los corruptos son criminales y el crimen no descansa nunca, sobre todo, cuando todo sigue igual que hace años.
Pero ¿qué es la agencia valenciana de lucha contra el fraude y la corrupción ¿Quién la creo y por qué se quiere fulminar? Les explico:
La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana se creó mediante Ley 11/2016, de 20 de noviembre, de la Generalitat, modificada por la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. La cual se encuentra adscrita a Les Corts. Se configura como entidad pública, con personalidad jurÃdica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
La Agencia es un instrumento de prevención, investigación y combate del fraude y la corrupción, con capacidad para proteger a las personas denunciantes. Su finalidad primordial es fortalecer la actuación de las administraciones e instituciones públicas valencianas para evitar que se produzca un deterioro moral y un empobrecimiento económico que redunde en perjuicio de la ciudadanÃa valenciana. Asà mismo, la Agencia se crea para el impulso de la integridad y la ética pública, y para el fomento de una cultura de buenas prácticas y de rechazo al fraude y la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de las polÃticas públicas y en la gestión de los recursos públicos. Y lo más importante de todo, actúa con independencia de las administraciones públicas.
Las funciones de la Agencia son, la prevención, la alerta y la investigación de posibles casos de uso o destino irregular de fondos públicos que comporten un uso o abuso en beneficio privado o cualquier otro aprovechamiento contrario al ordenamiento jurÃdico, asà como de conductas opuestas a la integridad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho; también la investigación de acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción, e instar la incoación de los procedimientos correspondientes para la depuración de responsabilidades.
En cuanto a su fulminación, la excusa del adelgazamiento de la administración, me parece peregrina y de mal pagador, anda que no hay chiringuitos para cerrar que nos cuestan mucho más, insisto, es una institución necesaria, joven, de un desarrollo infinito y por supuesto que no es perfecta, pero debemos de mejorarla y potenciarla, no fulminarla o quitarle atribuciones, usémosla como hacen todos los paÃses modernos de Europa y del resto del mundo, fomentemos la protección del denunciante, implantemos medidas de prevención del delito en la administración pública y que sea la agencia quien supervise su cumplimiento e incorpore toda la potencia de las herramientas de inteligencia para su posterior análisis e información y por ende se cree una UNIDAD DE INTELIGENCIA en la agencia antifraude.
DifÃcil entender esta decisión de alguien que milita y es alta ejecutiva del partido con más condenados e imputados por corrupción polÃtica y pública.
