El exministro de Transportes José Luis Ábalos está citado este jueves en el Tribunal Supremo para declarar sobre los indicios que apuntan a que pudo tener un "papel principal" en el caso Koldo, y responder a las acusaciones de cobro de comisiones vertidas contra él por el empresario Víctor de Aldama.
Una cita que el también exsecretario de Organización del PSOE ha pedido aplazar al no haber podido acceder a la causa hasta el pasado jueves, un día antes de que este empresario, expresidente del Zamora CF y considerado comisionista, ampliase su acusación y le implicase en supuestas mordidas por contratos preadjudicados a constructoras.
Ahora el Supremo debe decidir si mantiene o no este jueves la declaración de Ábalos, investigado por presunta organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en una causa que estalló hace diez meses, con la detención de su más estrecho asesor, Koldo García, y que supuso su alejamiento del PSOE.
Estas son algunas claves del procedimiento, que aglutina a una veintena de imputados y abarca a dos tribunales: la Audiencia Nacional, que inició las pesquisas, y el Supremo, competente para investigar a Ábalos por ser diputado y que ha asumido la parte de Víctor de Aldama y Koldo García, citados el 16 y 17 de diciembre.
¿Qué se investiga?
La Justicia trata de desentrañar un entramado que supuestamente se lucró con comisiones de contratos de mascarillas adjudicados en 2020 por entes públicos, la mayoría dependientes de Transportes, a la empresa Soluciones de Gestión por unos 54 millones de euros.
Según la tesis de los investigadores, la elección de esta sociedad habría partido, antes incluso de publicarse las ofertas, del Ministerio que dirigió Ábalos entre 2018 y 2021, y su exasesor habría cobrado por mediar en las adjudicaciones.
Las sospechas apuntan a que esta mercantil fue una sociedad instrumental en un negocio entre Víctor de Aldama y el empresario Juan Carlos Cueto, que se habrían embolsado millones de euros.
Tras el avance de la investigación, aparecieron indicios de que, además de Koldo García, también el exministro de Transportes habría recibido contraprestaciones por su mediación en adjudicaciones, que después Víctor De Aldama concretó como comisiones de miles de euros en efectivo.
Los indicios "fundados y serios" contra Ábalos
Ábalos ha negado hasta el momento todas las acusaciones, pero nunca se ha sentado ante un juez a declarar sobre los indicios "fundados y serios" de que pudo tener un papel principal en el caso, como sospecha el magistrado que inició la investigación.
La Fiscalía también ve difícil de entender la operativa desarrollada por Koldo García y Víctor de Aldama en los contratos de mascarillas sin la participación de Ábalos.
Una intervención que cree que se le retribuyó con el uso y disfrute de un chalé en la provincia de Cádiz -aunque De Aldama dijo que Ábalos abonó tres o cuatro meses de renta-, o el pago del alquiler de un piso para una mujer con la que tenía una relación personal.
A la espera de saber si será el jueves cuando vaya a declarar, Ábalos podría ser preguntado por un documento de De Aldama con apuntes como "El Gran" y "2.000.000" euros, o "Goblins" y "500.000 euros". El primero, según el empresario, es el exministro, y el segundo su exasesor, y las cantidades son las comisiones que le habrían pedido.
De Aldama entra en escena y apunta al Gobierno
Víctor de Aldama, a quien los investigadores consideran el "nexo corruptor" de la trama, optó por no declarar ante el juez cuando fue detenido en febrero. Pero el 21 de noviembre, tras más de un mes en prisión por un presunto fraude de hidrocarburos, protagonizó una comparecencia en la que habló de comisiones a altos cargos. Ese mismo día salió de la cárcel tras apoyarlo la Fiscalía.
Admitió haber cobrado unos 5,5 millones en comisiones, pero también haber pagado miles de euros en efectivo a Koldo García y Ábalos como contraprestación por distintas cuestiones. Por los contratos de mascarillas, afirmó que el primero se llevó 100.000 y el otro 250.000.
Pero también extendió las acusaciones al dirigente socialista Santos Cerdán, a quien dijo que pagó 15.000 euros; al jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero (25.000); o al ministro Ángel Víctor Torres, al afirmar que se negó a entregarle 50.000 euros. Desde el Gobierno lo negaron y anunciaron acciones legales.
De Aldama se presentó como un mediador entre el Ejecutivo y otros países: dijo haber gestionado la visita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en 2020, y que intervino en gestiones con ministros para el rescate de Air Europa, donde la Guardia Civil cree que se valió de Ábalos.
Este empresario, que también aludió a su colaboración con una unidad de la Guardia Civil, quiere demostrar que no era una persona desconocida para el Gobierno, e insiste en que mantuvo un encuentro con el presidente, Pedro Sánchez, en un acto del PSOE en 2019.
Más acusaciones y un anexo de los Presupuestos Generales del Estado
El empresario se comprometió a colaborar con el fiscal y esta semana ha enviado al Supremo alegaciones complementarias para intentar apoyar su versión, en las que implica al hijo de Ábalos y sigue acusando al ministro Torres, a quien dice que facilitó "inmuebles para encuentros de diversa naturaleza", que el ministro niega.
De Aldama afirma disponer de una relación de obra pública preadjudicada y explica que había empresas que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias; varias mantuvieron relaciones con él y le pagaron comisiones, sin perjuicio de las abonadas a otros investigados.
Presentó un anexo de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 con anotaciones que, según él, podrían ser de Ábalos o su exasesor sin poderlo afirmar con seguridad, y donde aparecían subrayados en rosa contratos preadjudicados a empresas previamente seleccionadas, y en verde posibles adjudicaciones de obras dependientes de Transportes.
El actual titular de esta cartera, Óscar Puente, no da veracidad a tales acusaciones y ha explicado en la red social X que en ese anexo "aparecen obras iniciadas antes de la llegada al gobierno del PSOE, obras que ni siquiera se licitaron siendo Ábalos ministro y otras que ni siquiera se han llegado a licitar". Solo una corresponde al periodo de Ábalos en Transportes.
Víctor de Aldama citó también en su escrito una supuesta operación por la que Ábalos adquiriría, sin contraprestación un piso en el Paseo de la Castellana, en Madrid, como garantía del cumplimiento del compromiso de varias constructoras de pagar comisiones si eran adjudicatarias de contratos preadjudicados, aunque dijo que el exministro no llegó a ocupar el inmueble.
Todas estas manifestaciones ya obran en la causa que investiga el Supremo y están siendo valoradas por la Fiscalía, mientras el juez de la Audiencia Nacional ha pedido a la Guardia Civil que las verifique.
Por el momento, entre la documentación aportada por De Aldama para intentar sustentar su versión está el contrato de alquiler del piso de la Castellana, el programa de visita del Gobernador de Oaxaca a España en 2018, en el que figura una reunión con Ábalos, o una supuesta carta del exministro al opositor venezolano Juan Guaidó en 2019 en la que se refería al empresario como enlace en las relaciones.
