Una casa de Sedaví tras la DANA. EPDALa reciente tragedia que ha azotado buena parte de la provincia de Valencia resalta la ineficacia colectiva en la gestión de emergencias. Desde hace años, se conocía la ominosa necesidad de realizar obras de encauzamiento en barrancos y ríos, como el del Poyo o la Saleta, obras recogidas en informes técnicos y reivindicadas por algunos alcaldes y Ayuntamiento. Sin embargo, la falta de acción de la Confederación Hidrográfica del Júcar -dependiente del Gobierno de España- ha dejado a nuestras comarcas vulnerables ante desastres naturales que se veían venir. La alerta roja el día 29 no fue un aviso sin fundamento; era una llamada clara a la precaución.
Esa misma mañana, con el desbordamiento del río en Utiel, y más tarde en Chiva, la situación ya comenzaba a ser alarmante. Pero, destacando la irresponsabilidad de quienes tenían el deber de actuar, la respuesta ante estas situaciones fue inadecuada. En vez de movilizar recursos y alertar a la población, la sensación de peligro fue minimizada. En un contexto donde la información clara y rápida es crucial, esta gestión fallida se convirtió en una trampa mortal para muchos. Pero el culpable no es solo una persona, sino es compartida por responsables de varias administraciones, como la autonómica, pero también la central.
El conocimiento de la inminente amenaza debía haber llevado a una reacción coordinada y efectiva. Las autoridades, en lugar de adelantarse a los acontecimientos, optaron por la inacción. La falta de previsión fue palpable. Había alerta roja, pero no había un protocolo claro. Algunos Ayuntamientos suspendieron las clases de sus colegios e institutos, algunas empresas también mandaron a sus trabajadores a casa. Pero por zonas como l'Horta Sud o el Camp de Túria no caía una gota. Y en esas circunstacias, miles de personas siguieron con sus vidas con normalidad. Mientras se desbordaba Utiel, después municipios de la Hoya de Buñol-Chiva, La Ribera y l'Horta Sud, sin comunicación clara de la gravedad de la riada más grave desde 1982 y 1957. El desastre, que fue creciendo a lo largo del día, culminó con la devastación en l'Horta Sud, donde la furia de la naturaleza se desató sin piedad.
Además de la falta de infraestructura, lo que se evidenció el día 29 fue la insuficiencia de un plan de comunicación. La información no fluyó con la rapidez y claridad necesarias. Las alertas no se transmitieron de forma eficaz, y aquellos que podrían haberse salvado fueron atrapados en una red de confusión e incertidumbre. Cuando la población necesita dirección, la ausencia de un liderazgo claro solo contribuye a agravar una situación ya crítica.
Es fundamental comprender que estos errores no pueden repetirse. La planificación y la inversión en infraestructura adecuada deben ser prioritarias para cualquier gobierno que se precie. Igualmente, la creación y la aplicación de un protocolo de emergencia efectivo son esenciales para proporcionar la seguridad que merece la población.
Tras 40 años sin acometer las obras reclamadas, llegó el día 29. Y el día después, sin coordinación y sin efectivos desde el minuto 0. Nadie quería asumir las responsabilidades y dar la cara. Mejor echarle la culpa al otro. Y tres meses después nos encontramos con tres de cada cinco comercios en muchos de los municipios como Paiporta que no han reabierto sus puertas. Garajes con problemas, cientos de ascensores que no funcionan y viviendas a pie de calle destrozadas.
En conclusión, todos fallaron. Este episodio nos deja una profunda lección: la preparación es la clave para mitigar los efectos de los desastres naturales. La indiferencia y la falta de coordinación deben ser reemplazadas por un compromiso firme con la seguridad de nuestros ciudadanos. En el futuro, debemos exigir una mejor gestión y actuar con responsabilidad antes que sea demasiado tarde.
Y un ruego al Gobierno de España y la Unión Europea: ya llegáis tarde para implementar un gran plan de reconstrucción.
