El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (YSCV) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Comisió Ciutat Port contra la licitación de la ampliación del puerto de València y que pide su suspensión cautelar.
La plataforma ciudadana ha informado este lunes de la decisión del TSJCV de admitir ese recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) del pasado 22 de diciembre, por el que se aprobó la convocatoria de la licitación de las obras de ampliación del muelle de contenedores por un importe de 660 millones de euros.
En su recurso, la entidad ha solicitado también la suspensión cautelar de la licitación de las obras porque, a su juicio, podría llegar a adjudicar unas obras cuyo proyecto está también recurrido y porque, además, se posibilitaría la adjudicación de un contrato que luego podría no iniciarse o ejecutarse y habría que paralizar las obras, lo que obligaría a abonar posibles indemnizaciones millonarias.
La Comissió Ciutat-Port ha añadido que, de llegar a iniciarse las obras y previendo que el proceso judicial pudiera dilatarse, podrían provocarse daños irreversibles en las playas del sur e incluso en el Parque Natural de la Albufera.
Han argumentado que hay diversos informes científicos, como los del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE) de la Universitat de València y el comité científico de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera, que confirman que el fenómeno de regresión de playas -el mar cada vez más cerca al lago- es efecto directo de las ampliaciones del puerto.
"La evidencia científica impone la aplicación de la suspensión cautelar interesada y frenar la política de hechos consumados en la que está inmersa la APV", ha afirmado la Comissió Ciutat-Port.
La APV, según la pieza de ordenación de pieza separada de medidas cautelares del TSJ, tiene ahora un plazo de cinco días hábiles para oponer sus argumentos frente a la petición de paralización cautelar de la licitación, antes de que resuelva finalmente el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
Portavoces de la Comissió Ciutat-Port han insistido en que la oposición ciudadana a la ampliación del puerto ha ido creciendo "por los riesgos para la salud, el territorio y el medio ambiente que comportarían unas obras de ampliación portuaria".
A su juicio, "los datos actualizados de tráfico marítimo evidencian la ampliación como innecesaria y que tan sólo acabaría siendo útil a la multinacional MSC, empeñada en una reconvención que le permita colonizar el puerto de Valencia en su exclusivo beneficio".