Uno de las zonas desbordadas. EPDAEl Instituto de Medicina Legal de Valencia ha activado nueve equipos forenses para que se desplacen a los lugares afectados por la DANA que ha azotado la provincia en las últimas horas a fin de realizar los levantamientos de los cadáveres y realizar las reseñas pertinentes.
Los jueces de guardia de los partidos judiciales afectados están delegando estos trámites en los especialistas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Este proceso es el que tiene en estos momentos la máxima prioridad. Una vez recuperados y, realizado los levantamientos de los restos mortales, éstos serán remitidos a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se ha vaciado y puesto a disposición un sótano completo del aparcamiento para su recepción, como paso previo a la práctica de las correspondientes autopsias y los trabajos encaminados a la identificación de los fallecidos.
Además, se van a habilitar la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía, en la Gran Vía de Valencia, y el cuartel central de la Guardia Civil, ubicado en la calle Calamocha de la capital provincial para que funcionen como oficinasante mortem,donde los familiares puedan aportar datos que ayuden al proceso de identificación de las víctimas.
El Instituto de Medicina Legal de Valencia está va a recibir la ayuda de forenses y auxiliares de autopsia del Instituto de Medicina Legal de Alicante.
Además, está en contacto con el Grupo de Expertos en Grandes Catástrofes por si necesitara ayuda del mismo dada la magnitud de la tragedia.
La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), reunida este miércoles, ha dictado un acuerdo donde expresa sus condolencias con los damnificados por la DANA que ha azotado a la provincia de Valencia en las últimas horas y recuerda a todos aquellos profesionales y ciudadanos que tuvieran hoy señalamientos la "innecesariedad" de que se trasladen a la Ciudad de la Justicia o el resto de sedes judiciales si encuentran cualquier dificultad para ello, al tratar se una causa de fuerza mayor.
El acuerdo, en línea con la nota de prensa remitida esta mañana, señala que las actuaciones judiciales previstas pueden ser suspendidas por causa de fuerza mayor.
"En este sentido, se confiere traslado a todos los órganos judiciales de la provincia para que tengan especial consideración con la situación en la que nos encontramos", recoge el texto aprobado por el órgano de gobierno de los jueces de la Comunidad Valenciana.
La Sala de Gobierno indica asimismo que la no suspensión generalizada de la actividad de la Ciudad de la Justicia y otras sedes de la provincia de Valencia está motivada en la necesidad de "evitar los importantes perjuicios que podrían ocasionarse a determinados justiciables que llevan esperando un tiempo considerable -incluso años- para que tenga lugar la actuación judicial de que se trate y pueda resolverse su situación".
En esta línea, se ha de tener en cuenta el acuerdo dictado en su día por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el marco del recurso de alzada 396/2019, referida a una situación similar, aunque no exactamente igual, registrada hace cinco años.
Dicho acuerdo "pone en valor el principio de proporcionalidad, que incluye conciliar la entidad de la situación con los perjuicios que puedan causarse a otros ciudadanos y profesionales de la Justicia que no resultan afectados" por esa situación de emergencia y que puedan acudir con normalidad a la sede judicial.
Finalmente, el acuerdo emitido este miércoles recuerda que la Ciudad de la Justicia de Valencia "está utilizándose para dar solución a necesidades apremiantes (como la gestión de los fallecidos) y, en su caso, centralizar la gestión jurisdiccional urgente de otros partidos judiciales, entre otras los servicios de guardias, en caso de que sea necesario.
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