La consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, informa de los asuntos tratados en la reunión del pleno del Consell que se ha celebrado en Alicante. EFE- Pablo Miranzo
El Gobierno valenciano ha exigido el mismo trato que Cataluña para la deuda pública de la Comunitat porque esta región sí está infrafinanciada, pero no ha puesto cifras a la condonación acordada entre el PSOE y ERC al desconocer "a qué atenernos y en base a qué, pedir qué", según su portavoz, Ruth Merino.
Ese acuerdo es, a su juicio, "una compra de votos" para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno que va "más allá" de la condonación de la deuda puesto que "se ha dejado de hablar" de comunidades infrafinanciadas para buscar el argumento del impacto de la crisis de 2008 en la deuda.
En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, celebrado este viernes en Alicante, Merino ha agregado que es "una suerte de cupo vasco a la catalana", lleno de "opacidad e incertidumbre", y ha advertido de que supone "una rendición a los deseos" de algunos territorios "a cambio de conseguir algo que solo es bueno para el PSOE".
Ahora bien, aunque el objetivo para el Gobierno valenciano es lograr una financiación justa y equitativa para las comunidades autónomas que acabe con la infrafinanciación histórica de la Comunitat Valenciana, tras el acuerdo sobre la condonación de la deuda del FLA exige el mismo trato que Cataluña en la condonación de la deuda.
La portavoz y consellera de Hacienda ha rechazado poner cifras a una posible condonación de la deuda de la Comunitat al ignorar "de dónde sale el 20 %", y ha calificado de "vergonzoso e indecente" el acuerdo firmado este jueves que deja a las comunidades autónomas "en situación de desconocimiento e indefensión".
Ha recordado que la Comunitat sí es una comunidad infrafinanciada, algo reconocido por informes independientes de todo tipo, y ha afirmado estar "deseosa" de ver cómo se plasma el acuerdo con Cataluña: "Con los precedentes que tenemos es difícil ser optimista".
Se ha referido en este sentido a "las mentiras" de la ministra de Hacienda en funciones cuando decía que no se hablaba de condonación en las negociaciones y de la ministra de Transportes al afirmar que era ilegal transferir Cercanías a Cataluña.
Preguntada tras el pleno del Consell si la Generalitat pedirá el traspaso de las competencias de Cercanías, la consellera de Infraestructuras, Salomé Pradas, ha declarado que sería "irresponsable" solicitar esas competencias sin tener la financiación adecuada para gastos o gestiones ordinarias.
Pradas ha exigido al Gobierno que el Plan de Cercanías de 2017 para la Comunitat que contemplaba inversiones de 1.400 millones de euros se ejecute en su totalidad, pues solo se ha llevado a cabo el 20 %.
