Audiencia provincial de Alicante. -EPDAUn hombre de 33 años ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a dos años de prisión por sustraer más de 50.000 euros a una mujer, de 58 y con la que había iniciado una relación de convivencia.
El encausado usó ese dinero para comprar joyas, para gastarlo en un salón de juegos o para ingresarlo en su cuenta bancaria, entre otros fines, según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE.
Los hechos tuvieron lugar entre el 5 de abril y el 25 de mayo de 2022, periodo en el que el acusado y la perjudicada acordaron vivir juntos tras alquilar una vivienda en Alicante con el compromiso de compartir gastos, a pesar de que él sabía que no podía asumir la parte que le correspondía porque carecía de medios económicos.
Dictada por un tribunal de la Sección Primera, la sentencia considera probado que el procesado "aprovechó la situación de depresión y vulnerabilidad" que padecía la mujer para convencerla de que le facilitase su tarjeta de crédito con la supuesta intención de pagar su parte de los gastos de comida y de alquiler.
No obstante, el encausado hizo uso de la tarjeta para realizar un gasto no autorizado por una cantidad total de 50.730 euros en lugar de utilizarla para cubrir los pagos acordados. En concreto, el tribunal estima acreditado que gastó 1.680 en la compra de artículos de joyería y que gastó otros 3.026 euros en un salón de juegos al que acudía varios días a la semana mientras que el resto correspondía a "extracciones y transferencias en su beneficio".
El procesado no acudió al juicio, a pesar de haber sido citado de forma debida en la dirección que había facilitado durante el proceso de instrucción. Con todo, el tribunal, con la anuencia de la Fiscalía y de la acusación particular y escuchada a la defensa, acordó que procedía su celebración de la vista al cumplirse los requisitos para ello: Que no se hubiese aportado causa justificada de la ausencia del procesado, que existiesen elementos suficientes para el desarrollo del juicio y que la pena solicitada no excediese de los seis años de prisión.
A la vista del testimonio de la perjudicada y de la documentación contable recopilada en la causa, el tribunal considera al procesado autor de un delito de administración desleal y le impone la pena de dos años de prisión, además del pago de una multa de nueve meses con cuota de seis euros diarios. Además, deberá indemnizar a la perjudicada en la cantidad que le detrajo.
