Un campo de cÃtricos. EPDALa gestión del Gobierno central ante la DANA levanta ampollas en el sector agrario. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) considera "un insulto" que el ministro de Agricultura, Luis Planas, no haya convocado aún la mesa técnica que prometió a las organizaciones agrarias y le insta a constituirla de manera urgente para que conozca de boca del sector la información real a pie de campo y planifique las actuaciones a realizar por orden de prioridades según las necesidades de los cultivos.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, alerta de que "un mes después de la DANA desconocemos qué programación tiene la empresa pública Tragsa, encargada de las reparaciones de infraestructuras agrarias. Hay parcelas y entidades de riego que necesitan preferentemente que vaya Tragsa, porque tienen cosechas pendientes de recolección, deben realizar tratamientos fungicidas para evitar ataques de enfermedades o, debido a las altas temperaturas, han de reanudar los riegos. Si el ministro no nos sienta en una mesa, no podrá saber dónde nos aprieta el zapato y seguirá sin darnos una respuesta eficaz".
En este mismo sentido, la organización agraria insiste en plantear a Planas que, allà donde Tragsa no llegue a tiempo y sean los agricultores o entidades de riego quienes se vean obligados a acometer las debidas reparaciones, apruebe el pago de las facturas derivadas por dichas actuaciones inaplazables. "Si Tragsa va a tardar meses y años en arreglar todas las infraestructuras destrozadas, ¿no será mejor que la Administración subcontrate a los propios agricultores, que son los que mejor saben qué hay que hacer para recuperar las explotaciones?", afirma Aguado.
AVA-ASAJA también recrimina al Gobierno por dejar fuera de las ayudas a municipios y agricultores afectados por la DANA. En primer lugar, no ha incluido todas las poblaciones que registran graves daños agrarios y ni siquiera guarda una coherencia con el listado de municipios beneficiarios de las ayudas de la Generalitat Valenciana.
Además, las ayudas directas se limitan a autónomos y personas jurÃdicas, lo que excluye a la gran mayorÃa de los agricultores de Valencia y Castellón que o son jubilados o tienen su principal fuente de ingresos en otra actividad económica y se dedican a los campos familiares a tiempo parcial.
La asociación únicamente se muestra satisfecha, en lÃneas generales, con la actuación de Agroseguro, ya que está llamando a los productores para preguntarles si tienen un 40% de pérdidas, ha desplegado más de cien peritos para constatar los siniestros en las parcelas y ha empezado a pagar las primeras indemnizaciones. AVA-ASAJA solicita, sin embargo, que el Consorcio de Compensación de Seguros se haga cargo de las franquicias como ha decidido con los coches siniestrados.
Otras reivindicaciones son la reducción del porcentaje mÃnimo del 40% de daños respecto a los años anteriores para poder acceder a ayudas y la inclusión de aquellos casos en los que no constan ingresos de campañas precedentes por tratarse de una finca con plantones que no han entrado en producción, una primera instalación de joven agricultor o una explotación recién heredada o recuperada tras un contrato de arrendamiento.
Además de medidas para facilitar la recuperación económica, AVA-ASAJA exige al Gobierno un replanteamiento de su polÃtica hÃdrica y medioambiental para evitar que fenómenos similares en el futuro causen tantas pérdidas humanas y materiales.
La organización agraria reclama la construcción de infraestructuras hidráulicas -desde presas como la de Cheste o Vilamarxant hasta miniembalses cerca de la costa e interconexiones entre los distintos cauces- que permitan reducir el impacto de las riadas y, al tiempo, incrementar el almacenamiento de agua para disponer de recursos en épocas de sequÃa. Aguado recuerda que "la presa de Forata demostró ser una aliada fundamental para evitar que la DANA resultara mucho más catastrófica. Si hubiéramos tenido construidas más infraestructuras, habrÃa habido daños, pero no tan serios".
Asimismo, AVA-ASAJA solicita al Gobierno una rectificación en sus polÃticas para mantener una mayor limpieza de los cauces y barrancos. "Si en lugar de multar a los agricultores y vecinos que quitan cañas para darles un uso tradicional, la Administración evitara una acumulación excesiva de material vegetal, los cauces no se hubieran desbordado con tanta virulencia y el agua no hubiera destrozado tantos puentes, campos, vÃas de comunicación y zonas urbanas", afirma Aguado.
El dirigente agrario razona que "si no se construyen las infraestructuras hidráulicas que necesitamos y si no se limpian los cauces de cañas invasoras es por la ideologÃa de un absurdo pseudoecologismo radical que promueve el Gobierno y que, tal como hemos visto, cuesta vidas. Es hora de aprender de los errores, escuchar más a los expertos, consensuar una polÃtica hidrológica con todos los grupos polÃticos y agilizar una respuesta adecuada que mejore de verdad la lucha contra el cambio climático".
