En la imagen, de archivo, una persona sin techo en Valencia. EFE-Juan Carlos Cárdenas
El 29, 6% de la población en la Comunitat Valenciana, es decir, 1.542.985 personas, se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE) en 2023, lo que supone un incremento de 2,1 puntos porcentuales y 139.061 personas respecto al año 2022.
Así lo refleja el XIV Informe de la EAPN España y la EAPN C.Valenciana (European Anti-poverty Network / Red Europea de Lucha contra la Pobreza) sobre el estado de la pobreza, que señala que la valenciana es la octava comunidad autónoma con mayor tasa AROPE y está 3,1 puntos por encima de la media en España, del 26,5 %.
Esta ampliación de la población en AROPE tiene su explicación en el incremento del indicador de privación material y social severa, que sube 1,2 puntos, y especialmente de la tasa de pobreza, que aumenta 2 puntos, debido al menor incremento de las rentas medias que se produce en la Comunitat Valenciana.
La Comunitat Valenciana sigue lejos del cumplimiento acordado por la Agenda 2030 -hasta la pandemia estaba en la senda de cumplimiento-, ya que para su logro debería haber registrado en 2023 cerca de 340.000 personas menos en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social, según las mismas fuentes.
El indicador AROPE se mide teniendo en cuenta tres elementos: la Tasa de riesgo de pobreza, la Privación Material y Social Severa (PMSS) y la Baja Intensidad de Trabajo en los Hogares (BITH).
Latasa de riesgo de pobreza en la Comunitat era en 2023 del 24,3 %, lo que se traduce en 1.266.526 personas con unos ingresos por unidad de consumo inferiores al umbral de pobreza, con un incremento de 2 puntos (el segundo mayor aumento regional y 4,1 puntos superior a la media) y cerca de 130.000 personas más.
Por lo que se refiere a la pobreza severa, personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 611 euros mensuales por unidad de consumo, en la Comunitat Valenciana es del 10,7 %, que supone 1,8 puntos más que en 2022, el segundo más alto de España (solo le supera Andalucía) y 2,4 puntos por encima de la media estatal.
En cuanto a la Privación Material y Social Severa, que muestra la imposibilidad de consumir algunos productos y/o servicios básicos, alcanza al 8,3 % de la población en la Comunitat, 424.323 personas, frente al 7,1 % y 360.678 personas de 2022. Es un aumento de 1,2 puntos, pero está por debajo de la media estatal (9 %).
En este apartado, el informe señala que el 38,8 % de la población en la Comunitat no puede afrontar gastos imprevistos; el 37 % no puede irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; y el 22,8 % no puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada en invierno.
Respecto al indicador BITH, referido a las personas entre 0 y 64 años que viven en hogares en los cuales se trabaja menos del 20 % de su potencial total de empleo, el informe señala que el 8,7 % de la población menor de 65 años, unas 364.000 personas en la Comunitat, vive en hogares con baja intensidad de empleo.
Supone un leve descenso de 0,4 puntos respecto a 2022, una reducción del 4,4 %, y es una tasa muy cercana al dato de media en España (solo 0,3 puntos por encima) y es la sexta región con el valor más elevado.
El informe, presentado en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre, señala que las transferencias del Estado en ayudas y prestaciones sociales han reducido el riesgo de exclusión en la Comunitat Valenciana.
La presidenta de la EAPN Comunitat Valenciana, Lola Fernández, ha explicado en un comunicado que sin esas ayudas estatales la situación de pobreza se ampliaría y alcanzaría "al 46,7 % de la población en la Comunitat Valenciana".
Si solo se incluyeran las pensiones de jubilación y supervivencia y no se realizase ninguna otra transferencia, la tasa de pobreza alcanzaría al 31,8 % de la población valenciana, lo que según Fernández evidencia que "con la inversión social necesaria" se puede reducir la pobreza.
La presidenta ha urgido a una Estrategia valenciana de lucha contra la pobreza y por la inclusión social que aborde los aspectos no sólo económicos, sino laborales, de acceso a la vivienda, los educativos, sociosanitarios y culturales, y ha reclamado un acuerdo en Les Corts Valencianes para reducir la pobreza hasta erradicarla.
