El grupo socialista en la Diputación ha presentado una moción en la que insta al Gobierno central a que regule la exención o reducción máxima de la cuota tributaria del impuesto de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de su vivienda en pago de la deuda. Del mismo modo, ha pedido también que la Generalitat reconozca la deuda contraída en concepto de ayudas para la adquisición, alquiler y rehabilitación de viviendas y que establezca un calendario de pagos razonable para que los ciudadanos puedan cobrar la cantidad adecuada.
Desde el PSPV-PSOE han remarcado que “con el estallido de la crisis y el aumento del paro, miles de personas han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades básicas, entre ellas, el pago de su vivienda habitual”, a lo que hay que sumar que “no estamos hablando únicamente de la pérdida del hogar para las familias, con todo lo que eso supone, sino también de una condena financiera de por vida”.
En este sentido, los socialistas han insistido en que “se trata de una situación profundamente injusta, ante la cual es necesario reaccionar para evitar que todas las consecuencias negativas de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y, en cambio, las entidades financieras, que son una parte responsable en buena medida de las dificultades que vivimos y sobre las que el Gobierno ha planteado un rescate con dinero público, mantengan su posición de fuerza en la ejecución hipotecaria con el resultado de pérdida de la vivienda para miles de personas”.
Así, tras destacar que “los ayuntamientos son las instituciones más próximas a la ciudadanía” y remarcar que “creemos que es imprescindible un pronunciamiento porque los diputados y diputadas socialistas nos rebelamos ante una situación que consideramos injusta e insostenible, y queremos pedir a todos aunar voluntades exigiendo acciones y asumiendo también la responsabilidad de actuar en la parte que nos toca”. Por este motivo, ha pedido “potenciar la oficina de atención ciudadana específica para estos casos, así como para intermediar y gestionar con las entidades financieras”.
Además, en la moción presentada en la Diputación de Valencia, también han exigido “a todas las entidades financieras la paralización de los desahucios de vivienda habitual por insolvencia sobrevenida hasta que entre en vigor el nuevo marco legal”, al tiempo que instan “a todas las instituciones, organizaciones y agentes sociales su compromiso para frenar los desahucios, promoviendo un cambio de la legislación hipotecaria y una paralización de todos los procesos de desahucios que afecten a la vivienda habitual en casos de insolvencia sobrevenida”. Finalmente, piden a la Generalitat “que mejore y/o ponga en marcha el servicio de mediación hipotecaria al mismo tiempo que refuerza su apuesta por la política de alquiler social como medida paliativa de cara a las familias que se vean desalojadas de su vivienda habitual”.
Por otro lado, y ante la deuda de 250 millones de euros que arrastra la Generalitat con los valencianos que, desde marzo de 2009, han sido beneficiarios del cheque vivienda, los diputados socialistas consideran que “la administración autonómica ha de implicarse y velar por una política pública de vivienda y garantizar este derecho tal y como prevé el artículo 16 del Estatuto de Autonomía”. Por este motivo, han instado al Consell “a reconocer la deuda contraída en concepto de ayudas para la adquisición, alquiler y rehabilitación de la vivienda”.
Al mismo tiempo, la intención del PSPV-PSOE es que se establezca “un calendario de pagos razonable para abonar a los ciudadanos la cantidad adeudada”, al tiempo que han pedido que se “respete el orden de presentación de las solicitudes al establecer el calendario de pagos”.
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